La defensa del general retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda le pidió a la Fiscalía General de la Nación una reevaluación integral de la investigación por el presunto delito de acoso sexual. Lo que se ha conocido en un documento de 29 páginas es que habría nuevas pruebas que desvirtuarían la teoría del caso y hacen improcedente la presentación de un escrito de acusación.
Se conoció que este documento lo radicó el abogado Jhonny Mercado González ante el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Diego Antonio Montaña Bohórquez, este miércoles 8 de julio. Asimismo, la defensa solicita incorporar pruebas sobrevinientes, desistir de la continuidad de la pretensión punitiva y promover la preclusión de la actuación.
“La decisión de acusar debe adoptarse sobre la totalidad del conocimiento actualmente disponible y no sobre la fotografía probatoria existente en el momento de la imputación. La permanencia de la objetividad durante toda la investigación constituye el principal mecanismo de legitimación del ejercicio del poder punitivo dentro del Estado social y democrático de derecho”, dice la solicitud.
El abogado sostuvo que, en medio de la imputación de cargos, fueron incluidos elementos materiales probatorios que hicieron modificar el panorama de este proceso, lo que obliga a que la Fiscalía revise nuevamente el caso. En dichas pruebas hay certificaciones oficiales, declaraciones juradas ante notario, documentos institucionales, respuestas a derechos de petición y evidencias digitales que, según la defensa, contradicen aspectos centrales de la hipótesis presentada por el ente acusador.
Uno de los principales argumentos está relacionado con una certificación expedida por la Escuela Superior de Guerra, en la que, de acuerdo con la defensa, se establece que Zapateiro no asistió a la denominada ‘Cátedra Colombia’, realizada el 16 de julio de 2021, evento que habría sido mencionado dentro de la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.
“A la fecha, la investigación continúa sin demostrar objetivamente la utilización funcional de la autoridad exigida por el artículo 210-A del Código Penal; además persisten vacíos de corroboración respecto de la autoría material de las comunicaciones atribuidas al investigado, no aparece acreditada mediante evidencia técnica la titularidad de los abonados telefónicos desde los cuales se atribuyen las conversaciones investigadas; tampoco se advierten análisis forenses dirigidos a establecer la autenticidad, integridad y autoría digital de tales comunicaciones”, señaló.
En medio de este memorial que le llegó a la Fiscalía, la defensa precisó que no hay pruebas contundentes de que Zapateiro utilizó su condición de comandante del Ejército para afectar la carrera militar de Lina Suárez Londoño.
Asimismo, el abogado afirma que la investigación debe tener en cuenta nuevas declaraciones y conversaciones que, según sostiene, ponen en duda la credibilidad de algunos señalamientos incorporados al expediente, además de otros documentos que, a juicio de la defensa, modifican el contexto probatorio existente al momento de la imputación.
“La cuestión constitucional que ahora debe resolver la Fiscalía consiste en establecer si, a la luz del conocimiento actualmente disponible, todavía subsiste una expectativa seria y objetivamente sostenible de desvirtuar la presunción de inocencia mediante una sentencia condenatoria, o si, por el contrario, la evolución del acervo probatorio demuestra que la continuidad de la pretensión punitiva perdió el soporte material necesario para proyectarse legítimamente hacia la etapa de juzgamiento”, dice el documento.
Finalmente, el abogado solicitó al fiscal del caso incorporar formalmente las nuevas evidencias al expediente, abstenerse de presentar escrito de acusación mientras se realiza la reevaluación integral del material probatorio y, de concluir que no existe una probabilidad objetiva de obtener una condena, promover la preclusión de la investigación en favor del general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.