En medio de la coyuntura que se está dando por la invasión de tierras en diferentes regiones del país por parte de varias comunidades que han manifestado su derecho de tener un territorio para vivir y se han tomado por vías de hecho algunos lotes, invadiendo incluso la propiedad privada, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo aseguró:
“La Constitución Política dispone, en su Artículo 64, que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, con el objetivo de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población rural y campesina. Esto claramente es un mandato para el cierre de brechas sociales y económicas”.
Por eso considera necesario avanzar en un diálogo social entre todas las entidades competentes y los mismos líderes de comunidad, para evaluar la necesidad de acceso a la tierra por parte de quienes han protagonizado las invasiones. Estas medidas, que califican algunas familias como desesperadas, se están dando en diferentes regiones del país.
Según reporte de la misma Defensoría, que se muestra preocupada por lo sucedido, las invasiones se repiten en: Curumaní (Cesar), Caloto, Guachené, Miranda (Cauca) y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y Atlántico; “implican una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares”, señala Camargo.
Camargo convocó a una mesa nacional de diálogo junto al Fiscal General; la Procuradora; los ministros del Interior, Defensa y Agricultura; las cabezas de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras, así como gobernadores y alcaldes de las zonas donde se están presentando las invasiones, para encontrar caminos que garanticen el respeto de los derechos de todos y, por supuesto, que no se materialicen más casos de estos.
Aclaró que, si bien es cierto que en la comunidad hay necesidad, “el derecho al acceso a la tierra implica también el respeto por la propiedad privada y la garantía de su seguridad jurídica, por lo que el Estado debe promover y garantizar ambas esferas”.
La tarea que tiene el Gobierno es, por un lado, la obligación de darle prioridad al acceso y la tenencia de la tierra para las comunidades étnicas y campesinas, sin o con tierra insuficiente; por otro, respetar el uso, goce y disposición de aquellos quienes con arreglo a la legalidad han adquirido bienes muebles e inmuebles”, ratificó el defensor.
Uno de los puntos que rechaza Camargo en medio de su pronunciamiento es la agresión y las amenazas a los trabajadores de las fincas invadidas, y citó uno de los casos que se registró en Cauca. “Representan riesgos para los derechos a la vida, libertad, integridad y el trabajo”, conclusión a la que llegó tras el análisis que han realizado el equipo de expertos de la entidad y los delegados en cada uno de los territorios.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a quienes a través de vías de hecho pretenden hacerse a la tenencia de la tierra, para que frenen este tipo de acciones arbitrarias, las cuales atentan contra los derechos de otros conciudadanos y desencadenan conflictos que pueden tornarse violentos”, dijo.
Recalcó que quienes deseen acceder a la propiedad de la tierra deben hacerlo mediante las rutas y los mecanismos establecidos en la legislación y normatividad vigente. La cabeza de la defensoría hizo un llamado enfático a no tergiversar las propuestas de cambio del gobierno de Gustavo Petro y la vicepresidenta:
“Es indudable la intención del nuevo Gobierno de orientar los esfuerzos para garantizar soluciones efectivas en materia de acceso a tierras, pero ese mensaje no puede malinterpretarse y ser usado como una ‘patente de corso’ para, mediante las vías de hecho, acceder a la tierra, lo cual constituye un claro desbordamiento de la legalidad”, aseveró.
Para el defensor, el gobierno de Petro debe aclarar en sus mensajes que el acceso a oportunidades no es una invitación a tomarse las vías de hecho y que el deber del Estado es velar por los derechos de la población en general, no de unos cuantos. También es consciente de la necesidad que existe de compromiso de todas las autoridades y la sociedad civil para ponerle freno a esta práctica y desincentivar la invasión de tierras.