Una grave situación humanitaria se habría registrado en el primer bombardeo que ordenó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella contra una facción del ELN en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo denunció que esa operación, que iba dirigida al grupo armado ilegal, habría dejado “afectaciones a la población civil”.
A través de un corto comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que ha recibido información de autoridades y medios de comunicación locales sobre las consecuencias que habría ocasionado el bombardeo registrado en la noche del lunes 10 de agosto en la jurisdicción de San Calixto, en los límites con El Tarra (Norte de Santander).
La entidad liderada por la defensora Iris Marín indicó que las autoridades de esos municipios le reportaron que se desplazaron hasta la zona para verificar “posibles afectaciones a la población civil”.
Ese reporte inicial registró que entre las víctimas habría tres campesinos, incluida una mujer de 44 años; estas personas, según lo expresado, “resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy”, informó la Defensoría del Pueblo.
La entidad confirmó que equipos especializados acompañan en el territorio a esas personas. Lo más grave del caso sería que el bombardeo “habría generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra”. Ahora, equipos se desplazan a esas zonas para verificar la situación y articularse con otras entidades para apoyar las labores.
Frente a esto, la Defensoría hizo un llamado de atención: “Instamos a las autoridades municipales y departamentales a disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas que hayan resultado afectadas o se vean obligadas a desplazarse”.
La Defensoría continuará verificando los acontecimientos en el terreno y acompañará la respuesta institucional para garantizar los derechos humanos de las comunidades que habrían sido afectadas. Solicitó a la Fuerza Pública reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad.
“Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”, alertó la entidad.
No es la única denuncia
La Asociación Nacional Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció en su cuenta de X que el bombardeo autorizado por el Gobierno contra el ELN habría terminado golpeando bienes y gente que no tendrían ningún tipo de relación con ese grupo armado ilegal.
La Ascamcat expuso: “Alertamos a los organismos de control, a la comunidad internacional y a las organizaciones de DD. HH. sobre los bombardeos registrados desde las 11:00 p. m. de ayer en zona rural de El Tarra, habrían afectado bienes y población civil”.
En redes sociales también ha venido circulando un comunicado firmado por el personero de El Tarra, Jerson Andrey Figueroa, advirtiendo que “se logró constatar la ocurrencia de hecho de extrema gravedad que habrían afectado a la población civil”, tras el bombardeo.
SEMANA se ha intentado comunicar en varias oportunidades con el personero Figueroa para tener más información sobre la situación que se estaría desarrollando, pero hasta el momento de esta comunicación no ha sido posible hacer el contacto con el personero.