Iván Name, expresidente del Senado, sigue en manos de la justicia penal, administrativa y disciplinaria, después de que los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla lo señalaran de recibir 3.000 millones de pesos de un contrato de la UNGRD para, supuestamente, apoyar las reformas que estaba impulsando el gobierno Petro en el Legislativo.
Sin embargo, un concepto de la Procuraduría General de la Nación podría salvarlo de la demanda que busca su muerte política en el Consejo de Estado y hasta cuestionar las pruebas que se han recogido en su contra por el mayor escándalo de corrupción del anterior gobierno.
El 21 de abril de este año, ese alto tribunal programó una audiencia pública en medio de ese proceso que avanza contra el expresidente del Senado, de la Alianza Verde; en esa diligencia, el ente de control emitió un concepto que podría salvarlo de perder la investidura.
El procurador que asistió a la audiencia manifestó: “No se ha allegado prueba alguna que acredite en alguna forma las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni tampoco la manera en que presuntamente el senador Name, haciendo uso de su condición de congresista y presidente del Senado, pudo haber ejercido influencia psicológica o constreñimiento sobre la señora Sandra Ortiz”.
Ortiz fue identificada por López y Pinilla como la “mensajera” a cargo de llevarle los 3.000 millones de pesos a Name para que supuestamente el gobierno Petro terminara favorecido en el Senado. Ese dinero habría salido del contrato para adquirir carrotanques que iban a suministrar agua potable en La Guajira.
El procurador recordó que los exdirectivos de la UNGRD, hoy testigos clave de la Fiscalía, aseguraron que la supuesta orden de entregar esa suma de dinero a la exconsejera presidencial de Petro la dio Carlos Ramón González, entonces director del Dapre y hoy prófugo de la justicia.
Por eso, el funcionario del ente de control advirtió: “Nótese que, dicho de los referidos a sus funcionarios que sirvió como fundamento al demandante para encobar la presente acción, en ningún momento señalan al señor Name Vásquez como la persona que solicitó la entrega de tal suma de dinero”.
Durante la audiencia aclaró que, aunque resulte cierta la supuesta orden de González a Ortiz, los dos testigos clave dentro de este proceso no le atribuyen al congresista demandado haber hecho uso de su cargo para exigir la millonaria coima.
“Esto sin dejar de lado el hecho de que la señora Ortiz ha manifestado en la declaración que rindió ante la Corte Suprema, así como públicamente, no haber cometido ninguna de las conductas que los directivos de la unidad le endilgan, enfatizando que es mentira todo lo que ha dicho al respecto”, manifestó el procurador.
Así mismo, cuestionó que la hipótesis de la coima para Name, a cambio de facilitar o impulsar el trámite de los proyectos de ley presentados por el gobierno Petro, no concuerda con las pruebas allegadas al proceso, que demuestran que “el demandado no apoyó las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo y que, por el contrario, fue un fuerte detractor”, manifestó el procurador del caso.