Colombia a traviesa por una grave crisis humanitaria que todos los días se ve en las calles, pero pocos le han dado la atención que requiere. Por eso la Corte Constitucional ha decidio convocar una audiencia pública para analizar si el Estado colombiano está garantizando los derechos a la población habitante de calle.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de la Corte, convocó para el próximo martes 18 de agosto a los magistrados de la Sala Plena, a las autoridades competentes y a los organismos que estén interesados en participar en este debate.
La audiencia se llevará a cabo a partir de una tutela que presentó un adulto mayor identificado como Carlos, un habitante de calle y líder social de sus compañeros, quien decidió acudir a ese recurso contra el Estado para pedir garantías, protección restitución y reparación de los derechos de esta población.
Carlos argumentó en su tutela que la condición de vivir en la calle se vuelve en una condición de supervivencia humana que da origen a una problemática social. Así mismo, hizo serias advertencias sobre lo que sucede cuando esa condición se extiende en el tiempo.
“La integridad personal, la dignidad humana, la igualdad social, la inclusión social, el derecho a la familia, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, sufren daños irreparables en las personas que sin distingo alguno conforman la población habitante de calle”, explicó el adulto mayor en su tutela.
La Corte Constitucional advirtió que este caso reflja la poblemática estructura que se ha venido dando en Colombia sobre los derechos fundamentales a la población habitante de calle, las posibles deficiencias de una implementación de política pública que garantice sus derechos y la coordinación entre entidades estatales para darle un real cumplimiento.
El magistrado Ibañez Najar explicó que esta audiencia permitirá “identificar cuáles son los factores institucionales, presupuestales, políticos y sociales” que se han vuelto en un problema para la resocialización de esta población, así como la protección de sus derechos.
Toda esa información también le permitirá a la Corte Constitucional establecer cuál es la situación actual de la población, el estado de implementación de la política pública dirigida a los habitantes de calle, su financiación, problemas de ejecución y todos los problemas reales detrás de esta nueva crisis humanitaria que atraviesa Colombia.