Por medio de un indignante video de 14 minutos y 23 segundos, divulgado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ese grupo armado busca promover protestas para que el gobierno ceda a un intercambio con prisioneros suyos que permanecen en las cárceles con cuatro funcionarios del CTI y la Policía secuestrados.
En la pieza audiovisual, los delincuentes usan a Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrado en mayo de 2025 en Arauca, para que pida al sindicato del CTI y a familiares de la fuerza pública protestar contra el gobierno Petro para promover un intercambio con prisioneros.
Sin embargo, es conocido que este funcionario, víctima e secuestro, está contra su voluntad y que esa guerrilla lo sometió a un supuesto juicio revolucionario por cumplir con sus labores.
Tras conocerse esa acción de los ilegales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de Derechos Humanos reclamaron al ELN no solo su liberación, sino también la de otro funcionarios del CTI y dos policías de la Dijín que están en cautiverio.
Ellos son Jesús Antonio Pacheco, Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó la declaración y dijo que ese grupo armado ilegal no es autoridad ni organismo del Estado.
“El cartel del ELN ni es autoridad judicial ni tampoco es un órgano del Estado; es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”, dijo el ministro Sánchez.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Federación Nacional de Departamentos (FND) también se sumaron y además exigieron que los funcionarios sean liberados.
“Rechazamos de manera categórica que grupos armados ilegales, específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pretendan atribuirse facultades judiciales, simulando ‘juicios’ e imponiendo supuestas condenas al margen del orden constitucional. Estas prácticas, que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al estado de derecho, a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país”, dijo la agremiación.
“Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos como la denominada ‘prisión revolucionaria’, carentes de toda validez legal”, añadió.