La Federación Nacional de Departamentos (FND) se sumó al rechazo generalizado que ha provocado la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un supuesto “juicio revolucionario” a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y policías que tiene secuestrados desde hace un año.
Según esa guerrilla, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), y el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), son responsables de espionaje y labores que realmente tienen que ver con sus funciones.
Los dos funcionarios del CTI están en manos de esa guerrilla desde mayo del 2025 y los dos policías desde el 20 de julio.
Tras el anuncio de esa guerrilla de “condenar” a los funcionarios, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó la declaración y dijo que ese grupo armado ilegal no es autoridad ni organismo del Estado.
“El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado; es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”, dijo el ministro Sánchez.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía también se sumaron y además exigieron que los funcionarios sean liberados.
Ahora el turno es para la FND, que rechazó el pronunciamiento del ELN.
“Rechazamos de manera categórica que grupos armados ilegales, específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pretendan atribuirse facultades judiciales, simulando “juicios” e imponiendo supuestas condenas al margen del orden constitucional. Estas prácticas, que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al Estado de derecho, a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país", dijo la agremiación.
“Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos como la denominada “prisión revolucionaria”, carentes de toda validez legal", añadió.
La FND además pidió que sea liberados. “Con la misma contundencia, exigimos el respeto por la vida y la liberación inmediata, y sin condiciones, de estos servidores públicos y de todas las personas retenidas ilegalmente. De esta manera, se demostraría una real voluntad de paz”, agregó.
“El secuestro es un delito despiadado, prohibido por la legislación colombiana y el derecho internacional. Colombia no puede tolerar su repetición ni su normalización”, puntualizó.