En medio de las audiencias concentradas contra Walter Martínez Martínez, el primer capturado dentro de este proceso judicial, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta organización delictiva que habría operado durante más de 13 años en varios países y que, según las autoridades, utilizó empresas fachada, supuestos testaferros y complejas maniobras financieras para ocultar a los verdaderos responsables.
La información fue conocida en exclusiva por Caracol Radio, medio que reveló apartes de la intervención de la fiscal del caso durante las audiencias judiciales. Allí se explicó el supuesto modus operandi de la red y la forma en la que, presuntamente, se habría mantenido funcionando durante más de una década sin despertar sospechas.
“Una de las empresas, según la Fiscalía, sería de papel; es Modamundo”, explicó la fiscal durante la audiencia. En la diligencia también se expuso cómo habría sido constituida esta sociedad y cuál habría sido el rol que desempeñó Walter Martínez Martínez dentro de la estructura investigada.
Según la representante del ente acusador, “la organización habría operado durante más de trece años en varios países”, utilizando diferentes figuras empresariales y movimientos financieros que ahora son materia de investigación judicial.
Para los investigadores, esta empresa no habría tenido únicamente fines comerciales, sino que presuntamente habría servido para mover recursos y ocultar a los verdaderos beneficiarios del dinero relacionado con el caso de Lili Pink.
“La Fiscalía también descubrió que los verdaderos dueños, quienes presuntamente recibían el dinero en el caso de Lili Pink, se habrían ocultado”, aseguró la fiscal en plena audiencia judicial.
La funcionaria añadió que esas personas “habrían utilizado supuestos chivos expiatorios” para aparecer formalmente como socios, accionistas o representantes legales de las empresas investigadas.
Otro de los detalles que llamó la atención es que, según lo expuesto en las audiencias, varias de las compañías vinculadas al caso tendrían estructuras societarias que, para la Fiscalía, generan sospechas sobre un posible uso de testaferros y empresas fachada.
Esa hipótesis tomó aún más fuerza luego de que Semana revelara que uno de los socios mayoritarios de la reconocida cadena comercial sería un conductor. Para las autoridades, esta situación podría evidenciar el posible uso de personas sin capacidad económica visible para figurar como propietarios de las empresas.
Además, el mismo medio aseguró que varios de los presuntos responsables habrían salido de Colombia en medio del avance de las investigaciones judiciales y financieras relacionadas con el caso.
En paralelo, la situación jurídica de varios bienes y activos relacionados con la cadena también comenzó a definirse. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumiría el control de algunos bienes vinculados a la investigación mientras se determina el alcance de las presuntas irregularidades.
La investigación, que ya completa cuatro años, apunta a que la presunta organización habría tenido operaciones en distintos países y una estructura diseñada para mover recursos, ocultar beneficiarios reales y mantener el funcionamiento de las compañías sin levantar alertas durante más de una década.