La medida de aseguramiento privativa de la libertad en Colombia en contra de Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, seguirá vigente.
Así lo determinó este jueves 25 de junio el juez 52 de control de garantías de Bogotá, que rechazó la solicitud presentada por el abogado Miguel Antonio Carvajal.
Para el juez, Marín Buitrago, quien es señalado por la Fiscalía General como el zar del contrabando en Colombia, sigue representando un riesgo para la sociedad, por lo que la medida de aseguramiento sigue incólume.
Marín Buitrago sigue en Portugal, esperando que se resuelva el trámite de extradición elevado por las autoridades colombianas.
“No ha estado a disposición de la autoridad que la ordenó”, señaló el juez de control de garantías.
La defensa de Marín Buitrago había pedido que se levantara la medida de aseguramiento impuesta en 2025 contra su cliente.
Lo que representaba, en simples palabras, era que, de ser extraditado a Colombia, quedaría en libertad, puesto que no existiría un requerimiento judicial.
La Fiscalía General sostiene que durante varios años el conocido Zar del Contrabando entregó cerca de 1.019 millones de pesos para sobornar a oficiales y agentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el fin de que no le pusieran problema a los cargamentos marcados.
“La Fiscalía advierte, y puede afirmar con probabilidad de verdad, que Diego Marín Buitrago promovió y financió un pacto ilícito entre varias personas con el propósito de coaccionar a oficiales activos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dian para ofrecerles integrar esa red delincuencial dedicada al contrabando de mercancías en las principales zonas portuarias del país a cambio de beneficios económicos ilícitos”, señaló el fiscal del caso en la audiencia celebrada el pasado 13 de noviembre de 2025.
Para esto, se encargó de contactar personalmente a policías a los que les ofrecía millonarias dádivas “a cambio de lograr su adhesión a la red criminal y que sus servidores públicos realizaran los datos contrarios a sus funciones, como emitir controles aduaneros y favorecer el contrabando de la organización (sic)”.
El ente investigador lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, esto por haber sobornado a funcionarios públicos, entre los que se encuentran policías y agentes de la Dian.