Una decena de pruebas documentales, testimoniales y técnicas serán tenidas en cuenta en el juicio que se adelantará en contra de dos generales, un mayor y un intendente de la Policía señalados por la Fiscalía General de ser los “socios” del llamado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
SEMANA tuvo acceso a la extensa audiencia preparatoria del juicio en la que se fijaron las pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía como por los defensores de los cuatro procesados.
Teniendo en cuenta que la columna vertebral de la investigación son los informes elaborados por un “agente encubierto” que se infiltró en la organización criminal, el Juzgado quinto especializado de Bogotá avaló la introducción de dichos informes, con peritos y testigos.
“Como testigo de acreditación y/o el testimonio del agente encubierto se podrán reproducir en juicio oral los dos videos contenidos en los dos DVD marcados como ‘Marzo 2024 parte uno y dos’”, señaló el juez.
En uno de estos se resaltan varios chats que mantuvieron en una aplicación de mensajería instantánea distintos integrantes de la organización dedicada al contrabando.
“La copia del pantallazo de las conversaciones del 17 de octubre de 2023 de la aplicación The Secret con el señor Diego Marín Buitrago, descrito como contacto CR-Costa Rica; las tres copias de pantallazo e imagen de la aplicación The Secret, con alias el Caleño del 16 de octubre de 2023, y con alias Pacho. Esto podrá incorporarse al juicio oral con el testigo de acreditación”, explicó el juez.
En la solicitud probatoria de la Fiscalía General se advierte que se querían ocultar conversaciones clave sobre la forma en que se estaba sobornando a funcionarios públicos y agentes de la Policía Fiscal y de Aduanas (Polfa) en la capital del Bolívar.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, que se extendió por cerca de cinco horas, se avalaron las fotografías y videos en establecimientos comerciales en Cartagena donde se realizaban los presuntos pagos de sobornos para permitir el paso de la mercancía de contrabando.
“Hasta las más altas esferas del poder”
El juez especializado de Bogotá rechazó varias pruebas documentales solicitadas por la Fiscalía General al considerar que pese a que se anunció su enorme importancia para el desarrollo de la investigación, no existió el debido sustento o justificación.
“El despacho acogerá la oposición de la defensa técnica, y por eso inadmitirá a la Fiscalía la incorporación de las 34 imágenes contenidas en el informe ejecutivo del 23 de octubre de 2023, relacionadas con la verificación de existencia de algunos lugares obtenidos a partir de consultas públicas de Google sobre la existencia de la Policía Fiscal y Aduanera en la División de Control Operativo de Cartagena”, advirtió el juez.
En este punto señaló claramente que no encontró un sustento por parte de la Fiscalía General para tener en cuenta las pruebas.
“Además de la existencia de las personas o funcionarios públicos relacionados con los hechos. Lo anterior, por impertinente y revestir escaso y prácticamente nulo valor probatorio y hasta dilatorio del trámite”, añadió.
“No se tiene certeza de cuándo se tomaron los registros fotográficos (...), además que con independencia de la libertad probatoria que gobierna el proceso penal tampoco se fundamentó la razón por la cual esas simples fotografías per se podrían acreditar la existencia de algunos funcionarios sobre el supuesto poder e influencia ‘para llegar hasta las más altas esferas del poder’, ni cuál es la relación del tema de debate con las personas y lugares que señaló (...). Una deficiente fundamentación probatoria”, indicó.
“No se sabe cuál es su origen o trazabilidad o lo que los llevó a plasmarlo en un informe de policía judicial”, concluyó el juez.
Los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como el Bendecido; el mayor (r) Mario Andrés Sarmiento Rojas, y el intendente José Helí Alzate Moncayo enfrentarán un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer (recibimiento de sobornos a funcionarios públicos).