El fenómeno de El Niño en 2015 fue la excusa para declarar la calamidad pública en el municipio de Manaure, La Guajira, y según la Fiscalía General de la Nación el inicio de una trama de corrupción que afectó de manera directa a los niños en esa zona del país.
El entonces alcalde de Manaure, Davis Díaz Rivera, entregó un millonario contrato para evitar la mortalidad infantil, que resultó ser una telaraña de irregularidades que ahora la Fiscalía resumió en una imputación de cargos.
El contrato era por 8.000 millones de pesos y se adjudicó a la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de dicha etnia. El problema es que la mayoría de la población nunca recibió la atención por la que el Estado pagó.
El director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón, explicó de qué forma el contrato destinado a la protección de los niños terminó en un detrimento patrimonial superior a los 2.800 millones de pesos, a través de una lista de inconsistencias que hasta descaradas resultaron luego de la investigación.
El contrato incluía la entrega de kits de alimentos, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo para cinco meses y que debía hacerse en el idioma wayuunaiki. Nada de esas condiciones las cumplió el contratista, de ahí nace la imputación por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
¿Qué encontró la Fiscalía?
De acuerdo con la investigación se escogió un contratista con antelación. Además, la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato “por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65 % de las actividades desarrolladas como la compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos”.
Como si fuera poco, la IPS contratada no tenía autorización de la misma Alcaldía que la contrató para ejercer “actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos”.
Adicionalmente, la Fiscalía estableció que el alcalde Díaz Rivera y su secretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote, contrataron “una nómina exagerada de funcionarios y médicos” a algunos especialistas les pagaban sueldos superiores a los 58 millones de pesos mensuales y nunca visitaron a los pacientes.
En el listado de irregularidades los investigadores descubrieron que se dejó de entregar el agua, los suplementos alimenticios y medicamentos que incluía el contrato, tanto así que el sobrecosto superó el 600 %. “En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones”, señaló la Fiscalía.
Otro punto en las irregularidades detectadas que se acerca más al descaro. La Alcaldía y el contratista pasaron cobros por concepto de traductores a la lengua wayuunaik, una labor que terminaron desarrollando los conductores y enfermeras, pero que se facturaron al municipio.
“Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones”, dijo el director contra la corrupción.
Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía espera llevar a juicio al exalcalde y la secretaria de salud, confirmar su responsabilidad y pedir una condena en su contra.