La jueza 26 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a cinco personas señaladas por la Fiscalía General de haber participado en el “entrampamiento” contra Juan Felipe Rincón Morales, hijo del actual director de la Policía Nacional, general William Rincón.
En su decisión, la funcionaria judicial alertó por los actos de planeación y sevicia que se presentaron en la tarde del 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, en el sur de la capital de la República.
En este sentido, advirtió que un grupo de personas pusieron en marcha un plan para lograr que Juan Felipe Rincón se trasladara hasta este sector de Bogotá. Para esto, “instrumentalizaron” a dos menores de edad con el fin de que convencieran a Rincón de acompañarlas hasta el barrio Quiroga.
Una vez en el lugar, Juan Felipe Rincón fue atacado por una decena de personas que tenían armas cortopunzantes, bates, cadenas y hasta un perro de “raza agresiva”. Durante más de 15 minutos, el joven fue víctima de una agresión constante.
Todo esto, según se pudo concluir por la declaración de varios testigos, según el plan que habían puesto en marcha los hermanos Andrés Felipe y Katherin Andrea Sotelo Torres, como retaliación por las conversaciones que había tenido en redes sociales Juan Felipe Rincón con una sobrina que era menor de edad.
“Se realizaron acciones con el fin de infringirle dolor a la víctima”, enfatizó la jueza al advertir sobre la gravedad de los hechos narrados por la Fiscalía General durante la imputación de cargos, así como las penas privativas de la libertad fijadas para los tres delitos imputados: tortura, uso de menores de edad en delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.
Poco después, se puso en marcha un plan para ocultar pruebas. Envolvieron el teléfono celular de la víctima en papel aluminio para impedir su rastreo.
Como si fuera poco, los agresores ya tenían planeado vender el celular de alta gama del joven “para después dividirse las ganancias”.
Todo esto llevó a inferir a la jueza que existió una premeditación para que Juan Felipe llegara hasta el lugar señalado, donde los imputados tenían fama de ser personas violentas y que abusaban de sustancias psicoactivas.
“Andrés Sotelo lleva un arma traumática, la cual se desarmó por utilizarla al golpear en la cabeza al occiso. Véase, incluso, cómo pudo haber sido el golpe, que en una sola utilización esta se desarmó. Igualmente, en las entrevistas manifiestan que en todo momento le empujó, le pegó, con el fin de poder agravar la violencia”, precisó.
Frente a la llegada del escolta, la funcionaria judicial señaló que también fue atacado para que no protegiera al joven de 21 años. Esta situación, señaló la jueza, evidencia que no existe razón de ser sobre la versión que querían detener a Juan Felipe para presentarlo ante las autoridades por los supuestos actos que había ejercido con la menor de edad.
Finalmente, para sostener la necesidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, la jueza señaló que los procesados intentaron desviar la investigación, ejerciendo presiones para que cambiaran su versión ante la Fiscalía General, para que señalaran a Juan Felipe de ser un “violador y un pedófilo”, eximiendo de cualquier responsabilidad a Felipe Sotelo y a sus familiares.
Para esto, incluso se ofreció dinero en efectivo, lo que representa un grave caso de soborno para afectar la administración de justicia.
Por estos hechos fueron imputados Andrés Camilo Sotelo Torres, Catherina Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia, Tatiana Vega y Juan Sebastián Ávila.
En la audiencia celebrada este lunes 13 de abril, la jueza ordenó la captura de los cinco procesados para que sean trasladados a un centro carcelario en la ciudad de Bogotá.