EJC-4227, EJC-3378, EJC-2188, EJC-3395 son los códigos que identifican las matrículas de los cuatro helicópteros del Ejército que se accidentaron entre marzo de 2023 y abril de 2024, que dejaron más de una docena de militares muertos y heridos, y a sus familiares sin respuestas claras de qué fue lo que sucedió. Es el caso de Eliana Barrera, esposa del coronel David Carvajal, quien falleció en uno de estos siniestros. “Llevamos dos años esperando una respuesta de la investigación”, dijo Barrera.
Luego de darse los siniestros aeronáuticos, la que sí intervino fue la Contraloría General de la República, que encontró una cadena de lo que serían graves errores administrativos de las poderosas máquinas que no se encontraban aseguradas. Según la Contraloría, el no aseguramiento de los helicópteros habría llevado a un descalabro patrimonial del Estado superior a los 57.000 millones de pesos por la caída, a lo que se suman 25.000 millones del costo del aseguramiento de otras que no estaban volando.
“Se materializa un daño al patrimonio de la entidad (Ejército) por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica por asegurar aeronaves que no se encontraban en condiciones de aeronavegabilidad en el periodo de 2023 y 2024 hasta el mes de octubre”, reprochó la Contraloría.
El ente de control fue tajante en su inspección y llegó a la inverosímil conclusión de que el Ejército aseguró aeronaves que no podían volar y las que estaban en condición de vuelo no fueron aseguradas, como las 4227, 3378, 2188 y 3395, esta última al mando del coronel Carvajal.
Los accidentes de las mencionadas aeronaves dejaron 17 militares muertos y 15 heridos. Eliana Barrera, la esposa del coronel Carvajal, no descartó que las malas prácticas que encontró la Contraloría en el aseguramiento de los helicópteros sean un reflejo del mal manejo que les daba el Ejército a las aeronaves en la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército (DAVVA).
“Es preocupante porque todos ellos (militares) se montan en las aeronaves pensando que están cubiertas por lo que le pase a la nave y si ya hay falencias en la asegurabilidad de las naves. Es un tema gravísimo para quienes entregan la vida por un país”, indicó Barrera. En su auditoría, la Contraloría evidenció otros hallazgos preocupantes como inconsistencias en el suministro de información por parte del Ejército.
“Se cuestiona la falta de valoración de la cobertura de las aeronaves de ala rotatoria, que quedaron por fuera de la póliza de seguros vigencia 2022, 2023, 2024. (...) es decir, las 93 aeronaves de ala rotatoria (helicópteros) no fueron cubiertas por el riesgo operacional de esa flota”, señala el documento en poder de SEMANA.
En el informe, el ente de control también señala que no se identificó que se haya enviado el avalúo de las aeronaves de ala rotatoria y que, por esta razón, la empresa de seguros no incluyó la cobertura casco todo riesgo / casco de guerra para los helicópteros del Ejército.
“Esta situación demuestra falencias en la planificación al momento de negociar la póliza”, advierte el informe de la Contraloría. Los helicópteros accidentados estaban realizando misiones en diferentes lugares de la geografía nacional. El Bell UH-1N se accidentó el 19 de marzo de 2023 en Quibdó, Chocó, dejando como saldo el fallecimiento de cuatro militares. El 15 de octubre de 2023, un helicóptero MI-17 cayó sobre varias viviendas en Anorí, Antioquia, dejando 12 heridos. El 5 de febrero, en la frontera con Panamá, en la base militar Cutí, un Black Hawk se desplomó ocasionando la muerte de cuatro militares y dejando heridos a otros tres.
El 29 de abril de 2024 fue otro día trágico para el Ejército. En el sur de Bolívar, el 3395, piloteado por el capitán Carvajal, se precipitó a tierra, muriendo él y los otros ocho ocupantes de la aeronave. Según la Contraloría, durante el proceso auditor, el ente de control solicitó mediante documento 9598 el listado de aeronaves de ala rotatoria que debían estar cubiertos por casco de guerra / casco todo riesgo, en las pólizas de seguros contratadas por el Ejército durante las vigencias 2022, 2024 y 2025, encontrándose con posibles graves omisiones.
“Lo anterior evidencia una presunta omisión en la valoración de las coberturas requeridas para casco todo riesgo para la flota de helicópteros”, indicó el ente de control fiscal.
En su defensa, el Ejército entregó una respuesta que dejó aún más preocupada a la Contraloría. La entidad militar reconoció que contaba con un documento técnico, “Análisis de Riesgo” realizado con el corredor de seguros que recomendó solicitar el presupuesto para garantizar el aseguramiento de los bienes e intereses patrimoniales.
Sin embargo, el Ejército indicó que recomendó contratar los ramos de seguros sugeridos en el análisis técnico, pero explicó que no tiene competencia para definir las coberturas sin el soporte de dicho análisis.
La respuesta de la entidad militar generó más dudas que certezas a la Contraloría, que la calificó como “no clara e imprecisa”, dejando entrever que los responsables del aseguramiento del total del inventario son los comandantes de las unidades militares “y en este sentido son responsables fiscales”. La conclusión de la Contraloría fue demoledora para el Ejército.
“Al preguntarles a los diferentes miembros del Ejército, ninguno supo dar respuesta de dicha matriz de riesgo (...) es claro para este ente de control que no hay personal en el Ejército capacitado e idóneo en temas relacionados específicamente con los seguros de las aeronaves”.
Pero la intervención de la Contraloría a la política de aseguramiento del Ejército abrió una caja de Pandora, al verificar que por la flota de ala rotatoria accidentada durante las vigencias 2018-2022 y 2022-2024 en condición de pérdida total nadie respondió por la reposición del costo de las aeronaves, “estableciendo un inadecuado aseguramiento del patrimonio público por parte del Ejército”.
El ente de control fiscal encontró que se habría podido generar un posible daño al patrimonio nacional superior a los 25.000 millones de pesos, al tener aseguradas aeronaves que no estaban aptas para volar, mientras que las que estaban volando se encontraban desamparadas.
“La Contraloría concluye que de las aeronaves que estuvieron en condiciones no aptas para volar se pagó una prima de 5.782.042 dólares, es decir, más de 25.000 millones de pesos”, se lee en el informe en poder de SEMANA; a este monto se suman los 57.000 millones de los siniestros. Caja de pandora Las presuntas irregularidades en la División de Aviación del Ejército no solamente se habrían presentado con la ventaja estratégica militar de que son las aeronaves. En la adquisición de drones, la Contraloría detectó un caso que dejó a la entidad sorprendida.
El Ejército compró a una empresa sin experiencia un dron para labores de inteligencia y reconocimiento de área por más de 10.500 millones de pesos, con solo ver un folleto y un video. Según la Contraloría, en este caso se evidenció falta de experiencia, carencia de antecedentes en la fabricación de drones del contratante, ausencia de control, mantenimiento y seguimiento en la planeación del proyecto.
“El Ejército tomó la decisión de adquirir este equipo sin un referente en físico. (...) Esta adquisición se basó en la información suministrada a través de un folleto y un video presentado por el oferente”, señala el documento. Pero las presuntas falencias con las aeronaves tripuladas remotamente fueron más allá. Al revisar el inventario de los drones y sus respectivos seguros, la Contraloría encontró una sobreestimación que habría generado un presunto detrimento patrimonial superior a los 1.217 millones de pesos.
De acuerdo con el ente de control, para la fecha que se hizo la auditoría, 2023-2024, el Ejército contaba con 40 drones, de los cuales solamente cinco estaban asegurados.“No se allegan soportes del cálculo de la prima (...) confirmando así el detrimento patrimonial por valor de 1.217 millones de pesos, equivalente al valor del seguro de los cinco drones que registra en la póliza”, recalcó la Contraloría.
¿Cartel de primas de vuelo?
Otra de las posibles irregularidades detectadas en la División de Asalto Aéreo está relacionada con el pago de primas de horas de vuelo. La entidad encontró que pilotos y tripulantes recibieron pagos mientras se encontraban en comisiones en el exterior o de estudio.
En el mencionado ítem, la Contraloría evidenció cerca de 1.000 registros donde se habrían hecho pagos improcedentes a personal militar que estaba en comisiones y no debía recibir la prima de vuelo generando el llamado para que se iniciara una indagación preliminar para que se aclare la situación.
“Encontrándose 995 registros de pago de primas de vuelo a funcionarios que volaron durante un periodo en que esos pilotos estaban en comisión activa de estudios o servicios o administrativa en Colombia o en el exterior”, se lee en el documento. Es de anotar que, al prenderse las alertas sobre el pago de primas de horas de vuelo ilegales, según el informe, siete pilotos hicieron la devolución del dinero recibido con maniobras oscuras.
El desorden en la Aviación del Ejército parece estar en todos los niveles. Incluso en una auditoría realizada a una de las cuentas de la unidad, la 190514, de bienes y servicios donde se pagan anticipos, figuraba un saldo de 247.000 millones de pesos, pero, de acuerdo con los estados financieros, el saldo real era de 219.000 millones, presentándose una inexplicable diferencia de 28.000 millones de pesos. “Lo anterior evidencia falta de control en la información revelada por la unidad”, señaló la Contraloría.
Respuesta del Ejército
Tras los graves hallazgos de la Contraloría en la aviación del Ejército, la institución reconoció que en la actualidad se encuentran solicitando al Ministerio de Defensa recursos para asegurar el 100 por ciento de las aeronaves. Además, indicó la entidad militar que se están implementando controles rigurosos para garantizar el aseguramiento que corresponda a la realidad técnica y operativa de cada nave.
Respecto al dron que fue adquirido usando como referencia un folleto y un video, el Ejército reconoció que hoy, casi dos años después de que se firmó el contrato, el bien no ha sido entregado, iniciándose un proceso sancionatorio.
Sobre el posible pago irregular que se dio a pilotos con la prima de vuelo, la entidad reconoció que se presentaron varias novedades e indicó que “las acciones jurídicas a que dieron lugar para establecer si hubo un incumplimiento de funciones, son adelantadas por parte del Coper, Comando de Personal”.
Frente a los duros reproches de la Contraloría al Ejército por la ausencia de control, monitoreo y seguimiento de planeación para la compra de equipos estratégicos, la institución militar indicó que se “realiza un seguimiento permanente a sus procesos contractuales mediante la aplicación de procedimientos de control y seguimiento a la ejecución presupuestal”.
Así mismo, la institución militar rechazó los cuestionamientos sobre fallas en la política de aseguramiento de las aeronaves, puestas en evidencia por parte de la Contraloría.
“La División de Aviación Asalto Aéreo precisa que el programa de seguros de aeronaves se ha desarrollado conforme a las disposiciones contractuales vigentes, a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y a las condiciones aprobadas por los reaseguradores.”, dijo el Ejército.
Aunque la institución militar señala que se ajustaron a los lineamientos del Ministerio de Defensa, reconoció que se interpusieron acciones penales, disciplinarias y administrativas por los hallazgos de la Contraloría en las auditorías a la División de Asalto Aéreo.
“La DAVVA adoptó diversas medidas en los ámbitos administrativo, disciplinario y penal, encaminadas a establecer las responsabilidades a que haya lugar”, señaló el Ejército.
Es de anotar que la División de Asalto Aéreo del Ejército, que fue objeto del alarmante informe de la Contraloría General de la República, es la misma que estructuró con sus comités técnicos el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, que se encuentra en pleito jurídico y que tiene ad portas al país de perder cerca de 70.000 millones de pesos del anticipo que se pagó a una empresa norteamericana. El próximo 15 de noviembre vence el contrato para reparar una parte de la flota de aeronaves rusas.