El informe de la Contraloría es concluyente: en el Comando de Ingenieros del Ejército hubo un patrón de contratación de obras con graves fallas en la estructuración y la planeación técnica. Esas deficiencias terminaron en sobrecostos, construcciones fallidas y pérdidas multimillonarias, como lo ha denunciado SEMANA.
La auditoría de la Contraloría se centró en contratos denunciados por este medio relacionados con el mantenimiento de aulas en bases militares, la construcción de una piscina olímpica, el mantenimiento de una torre de asalto aéreo y obras nuevas a nivel nacional, correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025.
El descalabro, calcula la Contraloría, podría alcanzar valores superiores a los 60.000 millones de pesos. Además, varias de esas obras, que tenían plazo de ejecución de ocho meses, luego de casi dos años no han sido entregadas por los contratistas.
En la investigación que realizó la Contraloría a contratos como el 323, 324, 331, 332 y 333, el ente de control encontró una presunta responsabilidad directa del Comando de Ingenieros, pese a que la unidad intentó eludir la carga de los hechos al señalar a otras dependencias, como la Central Administrativa y Contable (Cenac).
La Contraloría fue clara en su informe al señalar que las obras contratadas por el Ejército presentaron múltiples problemas en la ejecución. Desde su fase inicial de planeación, estructuración y los componentes técnicos, que estaban a cargo del Comando de Ingenieros, hubo deficiencias.
“En síntesis, se evidencia que el Comando de Ingenieros (Coing) ejerció una incidencia técnica determinante sin asumir responsabilidad documental, trasladando a la etapa de ejecución decisiones que debieron resolverse en la fase de estructuración, lo cual, sumado a las fallas de gestión contractual y control, derivó en la ejecución de recursos públicos sin materialización del objeto del contrato”, señala el informe de la Contraloría.
El ente de control encontró irregularidades atribuibles al Comando de Ingenieros. Una de ellas fue la mala planeación y estructuración de los contratos, que llevó a los Cenac –unidades encargadas de la ejecución– a flexibilizar el manejo de los anticipos entregados a los contratistas. Con ello se perdió control sobre la destinación de esos recursos.
“Se evidenció que, pese a la flexibilidad otorgada con el uso de los recursos, no se materializó la construcción de las obras en ninguno de los dos frentes contractuales, lo cual pone de manifiesto una ruptura entre la ejecución financiera y la ejecución del contrato”, indica el informe de la Contraloría en poder de SEMANA.
Al hacer la trazabilidad sobre las personas encargadas de que las obras salieran con una planeación rigurosa, tal como debe ocurrir en la unidad de ingenieros, SEMANA encontró que efectivamente había altos oficiales encargados de esta misión.
Fuentes institucionales le confirmaron a SEMANA que la planeación mencionada por la Contraloría estaba a cargo de la unidad conocida como Cede 10, que es el Departamento de Ingenieros Militares del Ejército, donde se supone que están los mejores planeadores de obras.
Sin embargo, para este caso, se evidenció que las mayores falencias se habrían dado en la mencionada unidad. Para la época en la que se estructuraron los contratos, estaba como comandante la entonces coronel Martha David Bastidas, hoy general de la república.
El Cede 10, a cargo de David Bastidas durante la vigencia de los mencionados contratos, fue la unidad encargada de priorizar necesidades, formular y actualizar proyectos, gestionar recursos presupuestales, tramitar vigencias futuras, adelantar gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y actualizar metas e indicadores.
El caso de la general David Bastidas es particular. Luego de ocupar el cargo de comandante del Cede 10, fue designada como jefe del Comando de Adquisiciones (Coade), es decir, pasó a administrar las compras, gestionar los recursos y centralizar la contratación de bienes y servicios del Ejército.
Su rol en el Comando de Ingenieros, según los contratos que fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría, fue el de estudios, diseños, presupuestos, especificaciones técnicas, cantidad de obras y paquetes técnicos. Para la época en la que se planearon las cuestionadas obras, estaba como comandante del Coing el general Jorge Ricardo Hernández.
Además, señalaron las fuentes, el Cede 10 y el Coing son unidades hermanas que deben ir de la mano en la estructuración de los proyectos.
Para el caso de las obras, la Contraloría hizo cuestionamientos profundos a la labor del Comando de Ingenieros. “La omisión de las obligaciones técnicas del Comando de Ingenieros Militares –Coing– derivó en la ejecución de actividades sin validación técnica integral previa, generando incertidumbre sobre el alcance contractual, desarticulación entre los actores del contrato y adopción de decisiones sin criterio técnico rector oportuno”.
Según la Contraloría, las omisiones del Comando de Ingenieros tuvieron impactos negativos financieros. “La omisión del Comando de Ingenieros Militares –Coing– debilitó el soporte técnico que legitima el uso de los recursos públicos”.
El ente de control añade: “La ausencia de conceptos técnicos oportunos impidió garantizar que los pagos efectuados correspondieran a una ejecución técnica validada, útil y conforme con el objeto contractual, generando riesgos asociados a pagos sin respaldo técnico suficiente, prórrogas con impacto económico, desembolsos sin cierre técnico integral y la eventual configuración de detrimento patrimonial”.
SEMANA conoció cómo estuvo marcada la línea de tiempo de los altos mandos militares que tenían bajo su responsabilidad las obras. En el Cede 10, cuando se planearon los proyectos, estuvieron la coronel David Bastidas y el general Hernández. Cuando se adjudicaron, en el Cede 10 estaba como comandante el coronel Carlos Julio Urquijo, y como comandante de Ingenieros el general Ricardo Roque, quien ya fue retirado del Ejército.
El patrón detectado por la Contraloría en el Comando de Ingenieros –la licitación de obras millonarias con deficiencias técnicas– ya había sido denunciado por SEMANA.
El 21 de enero de 2026, el contratista Álvaro Arcila aseguró que en el Ejército había un sistema de presunta corrupción. Arcila se ganó un contrato en Amazonas, que, según dijo, no pudo ejecutar, a su juicio, por el presunto sistema corrupto en la institución militar.
Arcila denunció que la obra salió mal planeada desde el Comando de Ingenieros y que la intención era que se la ganara otro contratista, que, al parecer, formaba parte del sistema corrupto, para así obtener adiciones y prórrogas. Como ese contratista quedó descalificado, el contrato quedó en sus manos. Desde ahí se inició una persecución en su contra por parte del Ejército, según su denuncia.
“Hay contratistas favoritos amparados por altos mandos militares que designan a funcionarios para que controlen y supervisen todo y les ayuden y les favorezcan”, dijo Arcila en su momento.
La obra mal planeada de Arcila, y las otras que denunció SEMANA, forma parte del complejo informe de la Contraloría, que pone el dedo en la llaga de lo que parece ser un muy recurrente error del Comando de Ingenieros que podría estar facilitando la corrupción.
En el informe, la Contraloría también advierte de la posible pérdida de unos 8.000 millones de pesos que le dieron como anticipo a un contratista.
“No obstante, se configura un presunto detrimento patrimonial por un valor de 7.940 millones de pesos correspondientes a recursos pagados sin que se acreditara la ejecución efectiva del objeto contratado, ni su materialización en un entregable funcional susceptible de utilización por parte de la entidad”, resalta el órgano de control.
SEMANA ha corroborado con documentos que algunos soldados han tenido que recibir clases en obras abandonadas de la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, en Tolemaida, o dejar de entrenar en una torre de asalto aéreo que lleva cerca de dos años en mantenimiento.
Sobre los contratos, el Ejército le reconoció a SEMANA que varios de ellos están en procesos sancionatorios. Algunas de las obras ya fueron terminadas, pero falta que se expida el acta de recibo. Otras son más críticas, como la piscina olímpica para el fuerte militar de Tolemaida, que aún sigue en construcción, pese a que su tiempo de obra era de ocho meses y, tras casi dos años, aún no ha sido entregada.
La Contraloría remitió este informe al general Royer Gómez, comandante del Ejército, quien pertenece al arma de ingenieros, al igual que su antecesor, el general Emilio Cardozo. Ahora se esperan medidas.
Las conclusiones del informe de la Contraloría recaen en su mayoría contra el Comando de Ingenieros, donde se advierte que, a raíz de las deficiencias encontradas, se limitó la capacidad de seguimiento a los contratos y que, además, hubo “una ruptura en la cadena de trazabilidad del proceso contractual, en la medida en que la información publicada en Secop II no refleja de manera transparente, completa y verificable la ejecución real de los contratos de obra”.