“Me dijeron que me quedara callado”. El Inpec tiene una filtración, un tubo roto en los controles de ingreso en las cárceles de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá. Por más que adelanten operativos, que se refuercen los controles y se implemente tecnología para identificar e incautar los elementos de prohibida tenencia, estos siguen apareciendo en cada requisa a las celdas.
Un trabajador de las empresas encargadas del suministro y transporte de alimentos para las cárceles descubrió la vena rota en la seguridad y reveló que la comida se convirtió en la “línea” para meter a los penales lo que los visitantes no pueden ingresar como consecuencia de los controles. Es la manera de meter “mercancía ilegal de contrabando”.
El tráfico tiene cronograma, clientes y servidores que se encargan de embalar y ocultar los elementos. “La comunicación la tienen con los directores de operaciones. Los ‘plumas’ dicen lo que necesitan, de qué se antojan, y un familiar va hasta las bodegas, donde cargan los camiones y entregan lo que necesitan entrar a la cárcel”, señala el testimonio de este trabajador.
En mayo de 2025, después de una polémica e investigada licitación, que casi llega al billón de pesos, la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) contrató el suministro de alimentos para 17 grupos de cárceles en todo el país. La licitación fue denunciada en la Fiscalía y se advirtieron graves irregularidades en el proceso, pero, aun así, los contratos se entregaron.
Desde entonces, nuevos operadores empezaron a llegar a las cárceles con entrada directa en camiones cargados de alimentos, la mayoría perecederos. El trabajador que descubrió y denunció la nueva ruta de tráfico advirtió que los vehículos llegan todas las semanas y entre las carnes se esconden los elementos prohibidos.
“Hay una orden que impide que perros antidrogas se acerquen a las carnes; tampoco se puede destapar; es el espacio que utilizan para meter celulares, cargadores, ropa y elementos prohibidos y drogas envueltas en plástico, como bolas bien compactadas”, dijo el trabajador.
Los camiones son cargados en bodegas del occidente de Bogotá. Sin embargo, en algunas oportunidades, y es lo que advierte el trabajador, se desvían de la ruta para recibir los elementos que esperan ingresar a la cárcel. Una parada para contaminar la carga de tal forma que no despierte sospechas de la guardia.
No se trata de un simple relato; lo dicho por el trabajador quedó consumado en un hallazgo del Inpec en la cocina de la cárcel de El Buen Pastor, en el norte de Bogotá. Encontraron celulares, licor y estupefacientes, de acuerdo con la declaración, entre los alimentos que días antes llegaron en el camión. La versión se confirmó, la línea o ruta de tráfico quedó al descubierto.
“Ese caso quedó en silencio, no se habló, se guardó bajo reserva, nadie dijo nada, pero fue un escándalo, pues se descubrió que a través de los operadores de alimentos en las cárceles se estaban metiendo los elementos de prohibida tenencia. Todo se quedó callado para tapar el escándalo”, señaló un funcionario del Inpec a SEMANA.
En el caso de la cárcel de El Buen Pastor, el ingreso de artículos prohibidos incluyó hasta maquillaje. Se advierte que una interna de alto poder adquisitivo sería la clienta más frecuente de este tráfico metido entre la comida. El negocio parece lucrativo porque, de acuerdo con los mismos privados de la libertad, el valor de los artículos en el interior de la cárcel se cuadruplica.
El trabajador advirtió que lo ocurrido en El Buen Pastor se repite en cárceles como La Picota y La Modelo en Bogotá. Una forma segura y efectiva de utilizar los alimentos perecederos como fachada para el ingreso de celulares, cargadores y lo que dejó preocupado al testigo: los estupefacientes.
“Los ‘plumas’ piden algo, se antojan de costillas, de langosta, de quesos especiales, y hacen el pedido; todo ingresa en los camiones y se entrega en el rancho. Así ocurrió en El Buen Pastor; el problema fue que a alguien no le trajeron lo que pidió y avisaron a la guardia; a los días se hizo la requisa y entró parte de la encomienda”, advirtió el testigo.
El negocio arranca en el interior de la cárcel, según el declarante, con las solicitudes que hacen los clientes o privados de la libertad. En la calle, los responsables de empacar los alimentos toman nota del pedido especial y embalan el encargo, lo mezclan con las carnes y suben al camión, de ahí directo a las cárceles.
El vehículo es sometido a todos los controles de rutina y la carga pasa a la cocina o rancho, como se le dice en la cárcel; allí los privados de la libertad reciben los alimentos con la indicación clara de la encomienda oculta y el responsable de recibirla. Lo que ocurre en el interior de la cárcel, según el testigo, es de conocimiento de la guardia.
SEMANA consultó a la Uspec, como contratante de los servicios de alimentación en las cárceles. Aseguraron que no tenía conocimiento de estos hechos, pero que, de confirmarse la información, serán ellos mismos quienes le pedirán a la Fiscalía una acción inmediata de cara a establecer responsabilidades.
“La entidad manifiesta su total disposición para colaborar de manera activa y transparente con los organismos de control y las autoridades judiciales, con el fin de esclarecer los hechos en su totalidad”, señaló la Uspec, tras advertir que evaluarían “posibles incumplimientos contractuales”.
Denuncias dormidas
Desde que se abrió la licitación en la Uspec para adjudicar los contratos de suministro de alimentos en las cárceles, arrancaron las denuncias. Pliegos acomodados para ciertos contratistas, entrega de sobornos, documentos falsos y reuniones secretas quedaron en una investigación que arrancó con impulso en la Fiscalía, pero que, con el cambio de fiscal, terminó dormida.
Una vez se firmaron los contratos, el suministro de alimentos en las cárceles fue un caos. De distintas partes del país llegaron las quejas, denuncias y advertencias de la precaria e insalubre entrega de alimentos. La Procuraduría también abrió investigación, pero, como en la Fiscalía, no pasó nada.
En al menos tres denuncias se aportaron las pruebas de las irregularidades en el proceso de contratación, de la responsabilidad del entonces director, Ludwing Joel Valero, en un supuesto monopolio que se instauró en el suministro de alimentos y que promete quedarse.
“Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Uspec para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”, señaló en su momento la Fundación Cárceles al Desnudo en un derecho de petición.
Los denunciantes advierten que una simple revisión al proceso contractual y a las facturas que se están generando bastaría para una acción de la Fiscalía. “Es tan evidente la corrupción que no se requiere ser un avezado investigador para confirmarlo”, señalan los denunciantes, que les piden a las autoridades hacer su trabajo.