La exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, Diana Cecilia Muñoz Miguez, fue inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en los hechos que rodearon la fuga de la excongresista del Partido Conservador, Aida Merlano, registrada el primero de octubre de 2019.
En el fallo de segunda instancia, la Procuraduría General concluyó que existen evidencias probatorias suficientes para confirmar que Muñoz Miguez fue la funcionaria que entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de la excongresista barranquillera, quien estaba a la espera del inicio del juicio en su contra por corrupción al sufragante.
Esto con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización alguna del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y sin la seguridad requerida en el Centro Médico de La Sabana, ubicado en el nororiente de Bogotá.
Por estos mismos hechos, fue sancionado disciplinariamente el excomandante de custodia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien suscribió la remisión médica sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano Forero, por aprobar el traslado de Merlano Rebolledo al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019.
Igualmente, el organismo de control disciplinario suspendió por tres meses al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.
Por último, el Ministerio Público sostuvo en su decisión que los disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos.
La excongresista Aida Merlano reapareció para explicar los hechos que la llevaron a planear su fuga en 2019. "No me arrepiento". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/MHC8ylmOAA
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025
Las faltas de la exdirectora y el excomandante de custodia y vigilancia del centro penitenciario fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo; mientras que la de la exsubdirectora fue tipificada como gravísima, a título de culpa gravísima; y la del exdragoneante fue considerada por la Procuraduría como grave con culpa grave.
En diciembre pasado, la excongresista, quien se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar en Malambo (Atlántico), fue condenada a 42 meses de prisión.
Esto después de que firmara un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad en el delito de fuga de presos.
“Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, precisó la exrepresentante a la Cámara.
Merlano, quien cumple dos condenas por compra de votos en las elecciones de 2018, reconoció que planeó y ejecutó su fuga puesto que temía por su vida.
“La decisión que me llevó a tomar ese camino hacia una fuga fue solo por protección, por miedo y porque evidentemente fui víctima de abuso dentro de la institución delincuente. Denuncias que están erradicadas formalmente, investigaciones que están abiertas por maltrato, por violencia psicológica, por violencia física, por persecución, por remisiones falsas que llevaban a meterme en contra de mi voluntad a centros de salud mental”, indicó la excongresista.