El empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Antonio Deyong y Diego Luis Muñetón fueron acusados por haber hecho parte de un plan para comprar el silencio de la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Para la Fiscalía General, los dos juristas asistieron varias veces a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para intentar contactarse con la dirigente política conservadora.
En la presentación del escrito de acusación se señaló que existen registros de los ingresos de abogados para presionar a Aida Merlano con el fin de que se abstuviera de entregarle información a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General en el expediente que se adelantaba por la compra de votos de su campaña en 2018.
“Usted, señor Diego Luis Muñetón Restrepo, realizó tres ingresos a la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá, con el fin de visitar a la interna Aida Merlano los días 28 de septiembre del año 2018, 9 de agosto de 2019 y 3 de septiembre del año 2019”, explicó el fiscal Daniel Hernández.
Citando lo dicho por la excongresista barranquillera, el ente investigador señaló que el objetivo de las presiones era que no mencionara al senador Arturo Char ni al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en sus declaraciones.
“En esta visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados”, detalló el delegado del ente investigador. “Este es el primer ofrecimiento dinerario que se ejecuta por parte suya, doctor Muñetón, el día 28 de septiembre del año 2018, según la presunta víctima, entre las presentes diligencias”.
Días después se registró otra visita del abogado. Esta tuvo un carácter urgente puesto que se acercaba una diligencia fundamental ante la Corte Suprema de Justicia en la investigación contra el senador Arturo Char.
“En esta ocasión usted, doctor Muñetón, le hizo una manifestación directa a la señora Merlano, indicándole que venía nuevamente de parte de Alejandro Char y que le mandaba pedir de forma directa que no dijera nada en contra de Alejandro Char y de Arturo Char en la diligencia y declaración juradas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, recordándole el valor ofrecido inicialmente de 500 millones de pesos y adicionalmente que tenían la posibilidad de ayudarle económicamente y en sus procesos penales”, recalcó en la presentación del escrito de acusación.
En la presión se puso de presente el poder que tenían los dirigentes políticos mencionados con “personas influyentes en el Estado colombiano”.
En otra visita, los ofrecimientos de dinero continuaron, pero esta vez para que no declarara absolutamente nada ante la Corte Suprema y la Fiscalía por la estrategia de compra de votos para su campaña política en la llamada “Casa Rosada” en Barranquilla.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó al contratista y a los dos abogados por el delito de soborno en actuación penal. El martes 30 de junio iniciarán las audiencias preparatorias de juicio.