La exrepresentante a la Cámara, Tatiana Cabello, del Partido Centro Democrático, fue condenada a 12 años de cárcel por un escándalo de corrupción que la vincula con unos cobros que habría realizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena contra la excongresista por el delito de concusión en la modalidad continuada en concurso homogéneo.
La investigación que adelantó ese alto tribunal permitió evidenciar que la exrepresentante del Centro Democrático le “solicitó en forma mensual a Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la devolución de un porcentaje de su salario, para lo cual se valió de la participación de tres de sus colaboradores”.
Por eso, la sentencia también le ordenó el pago por perjuicios a las víctimas Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes. Pero la condena como tal le impuso una pena de 144 meses, es decir, 12 años de cárcel.
Los magistrados de la Sala de Primera Instancia también precisaron en su decisión que la excongresista tendrá una inhabilidad de nueve años para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de 5.000 salarios mínimos establecidos para la época de los hechos.
Una de las decisiones más drásticas dentro de este proceso es que la Corte le “negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. Se librará la orden de captura una vez adquiera firmeza la sentencia, a fin de que cumpla la pena que le fue impuesta, en el establecimiento que señale el Inpec”.
En los próximos días saldría la orden de captura contra Cabello para que las autoridades competentes la puedan ubicar y detener, y cumpla los 12 años de cárcel que deberá pagar por el delito de concusión.
La sentencia también precisó que “cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”.
La justicia destacó que la excongresista “abusó” de la función pública y “ocasionó” un daño grave a la administración pública, al minar la confianza de la comunidad que trabaja en el Congreso de la República, la institución que representa la democracia en Colombia.