Las extradiciones que actualmente están represadas en Colombia se convirtieron en uno de los temas prioritarios abordados por el presidente electo, Abelardo De La Espriella; su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo; y los delegados de la Corte Suprema de Justicia que atendieron la visita informal del Ejecutivo al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
SEMANA conoció que esta situación fue puesta de presente tras la acumulación de más de diez solicitudes de extradición que estarían frenadas por decisión del actual Gobierno. Entre esos casos habría dos procesos provenientes de Francia que llevan más de 18 meses a la espera, pero hasta el momento no hay indicios de avances en esos trámites.
En Holanda habría otro caso que ha sido alertado por la Corte Suprema de Justicia debido al tiempo que, al parecer, se ha tomado el actual Gobierno para decidir sobre esa solicitud de extradición.
Aunque el Gobierno Petro ha destacado que alcanzó un récord histórico con 873 extradiciones efectivas, en la Corte Suprema habría descontento por la demora que se estaría generando para ejecutar este procedimiento formal de cooperación internacional.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia envió un mensaje en medio de la polarización del país: “Nadie está por encima del poder, así tenga el respaldo de las mayorías”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4euEQ7XUcA
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026
Seguridad y presupuesto
Esta revista también pudo confirmar que otro de los retos que la Corte Suprema de Justicia le manifestó al nuevo Gobierno tendría relación con la seguridad de los jueces en las regiones y con el presupuesto asignado a la Rama Judicial.
Esta situación fue advertida a comienzos de 2025 por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando rechazó las amenazas que el grupo criminal Clan del Golfo profirió contra jueces y fiscales del departamento del Cesar.
Sin embargo, esas amenazas e intimidaciones también las estarían enfrentando otros funcionarios judiciales en varias regiones del país, al parecer, con el fin de condicionar la independencia judicial y la libertad de quienes garantizan los derechos de la ciudadanía.
El mismo Estado ha solicitado fortalecer las condiciones de seguridad de los funcionarios públicos para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la protección de quienes toman decisiones judiciales en el país.
Todos estos desafíos fueron puestos en conocimiento del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que deberá analizar cómo afrontar el represamiento de las extradiciones, fortalecer la seguridad de los funcionarios de la Rama Judicial y garantizar el presupuesto necesario para que la justicia en Colombia avance.