El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue el segundo de cinco interventores que han pasado por la accidentada Air-e. Su paso por la empresa de servicios públicos fue cuestionado y hay pruebas de irregularidades que ya están en manos de la justicia. Ahora, queda claro que su posición es liquidarla.
En un trino donde anunciaba un cobro de 8 pesos por kWh en todo el territorio nacional, afirmó: “Ya deberá la Superservicios decidir si liquida o no esa compañía”. Hoy fue más allá y dejó clara su posición: “Air-e, a mi juicio, debería liquidarse. La operación debería ser asumida por una filial de Gecelca”.
Para expertos del sector energético consultados por SEMANA, la propuesta de Palma resulta inconveniente. Trasladar la operación de Air-e a una filial de Gecelca sería una decisión de alto riesgo, pues se trata de una empresa enfocada en generación de energía, sin experiencia en distribución ni comercialización, actividades completamente distintas y mucho más complejas en lo operativo y social.
Además, señalan, tendría que asumir cerca de 200.000 millones de pesos mensuales solo para cubrir el déficit de Air-e, una carga que podría comprometer seriamente su estabilidad y terminar llevándola también a una crisis financiera o incluso a la quiebra.
Según el abogado penalista Jaime Lombana, representante de los accionistas, Palma estaría impedido de pronunciarse y señala: “El ministro sostiene: no es mi decisión, pero si dependiera de mí, liquidaría Air-e. Eso es muy grave. Es profundamente cuestionable; si bien es cierto que son funciones del superintendente, el señor Palma no puede despojarse de su investidura de ministro de Minas, que está impregnada de impedimentos, puesto que él fue agente interventor de Air-e”.
“En otras palabras, él, como ministro, está impedido para pronunciarse. Liquidar Air-e diluye las pruebas del desangre y corrupción que se presentó durante la intervención de Air-e. Una intervención es para salvar las empresas, nunca para saquearlas y después liquidarlas”, afirmó el abogado Lombana.
Durante el paso de Edwin Palma por Air-e, la empresa estuvo rodeada de múltiples escándalos por presunta corrupción y mala administración.
Uno de los más graves fue revelado por SEMANA: un contrato con presuntos sobrecostos en la compra de materiales. Además de las irregularidades en los valores adjudicados, se evidenció que el entonces jefe de compras de Air-e, durante la administración de Palma, quien firmó el contrato, mantenía vínculos —junto con su esposa— con las compañías que ganaron la licitación, empresas que habían sido creadas apenas días antes de la adjudicación.
La seriedad del caso hizo que el cuarto interventor, Nelson Vásquez, cancelara el contrato. La Fiscalía envió copias a los fiscales que trabajan con la Corte Suprema de Justicia para que comenzaran la investigación correspondiente, y este proceso sigue activo hoy.
Pero hay más. El contrato con presuntos sobrecostos no es la única irregularidad denunciada durante los casi dos años de intervención. También salió a la luz pública un acuerdo firmado por Edwin Palma y la actual interventora, Tania Peñaranda, por cerca de 200.000 millones de pesos para pagar a una empresa de William Vélez, obligaciones previas a la intervención que incluso se encontraban en litigio entre las partes.
A esto se suma un contrato con una empresa vinculada al escándalo de Centros Poblados, el cual también fue suspendido por un interventor posterior. Asimismo, surgieron denuncias por la presunta falsificación atribuida al primo hermano de Palma, a quien él mismo nombró como contador de Air-e, aumentando aún más los cuestionamientos sobre su gestión durante la intervención.
Lombana ha advertido públicamente desde el año pasado que una eventual liquidación de Air-e no respondería a una solución técnica o financiera, sino al intento de ocultar la presunta corrupción ocurrida durante la intervención. Según su postura, liquidar la empresa sería una forma de cerrar el capítulo sin esclarecer las presuntas irregularidades ni establecer responsabilidades sobre lo sucedido en la administración estatal.
Por último, Lombana afirmó: “Una decisión de la superintendencia de liquidación en estas condiciones lesiona el bien jurídico de la administración pública y de justicia”.