Tras 16 meses de intervención estatal y el paso de cuatro interventores, la empresa Air-e enfrenta un hueco financiero cercano a los 2 billones de pesos, generado durante la intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual no ha sido ajena a escándalos de presunta corrupción y mala administración. En medio de ese complejo panorama, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien además fue interventor de Air-e, tiene listo el decreto que busca trasladar el costo de estos problemas a los colombianos, que tendrán que pagar un valor de 8 pesos por kilovatio-hora.
A este decreto le antecede una medida similar que ya se había implementado, la cual planteaba el cobro de 4 pesos por kilovatio-hora para los estratos altos, y fue tomada durante el gobierno del presidente Iván Duque para capitalizar a Electricaribe, pero la medida fue tumbada por la Corte Constitucional.
En su fallo, la Corte argumentó que “no queda duda de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional”.
En ese momento, senadoras y representantes del hoy gobierno, como Isabel Zuleta, celebraron la declaratoria de inexequibilidad de la medida, pues “los tributos no están diseñados para salvar empresas”.
De igual forma lo hizo la entonces alcaldesa de Bogotá y hoy candidata a la Presidencia, Claudia López, quien afirmó que “no tenemos que pagar de nuestros bolsillos el mal manejo de una empresa privada como Electricaribe”.
La resolución ha sido criticada. Por ejemplo, Camilo Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, advierte que el departamento no recibirá recursos de la medida. “El riesgo sistémico que hoy se argumenta ha sido inducido por la falta de giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Trasladar estos incumplimientos al bolsillo del usuario sienta un precedente que no puede ser aceptado”.
Expertos jurídicos consultados por SEMANA coinciden en que resulta llamativo que un ministro que fungió como interventor, y que en su administración se generó parte importante del hueco financiero que ahora pretende cobrar a los colombianos, no se haya declarado impedido y sea quien impulse la propuesta del incremento en la tarifa de energía.
Estos son 10 de los escándalos que se han presentado en medio de la intervención de Air-e, y que ahora serán pagados del bolsillo de los colombianos, tal como plantea el decreto que, según el borrador, establece que “se adoptan medidas para propender por la confiabilidad, complementariedad y continuidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica del sistema interconectado nacional frente al riesgo sistémico y se dictan otras disposiciones”.
Nombramiento del hoy ministro Edwin Palma como interventor, sin experiencia, fue anulado
El Tribunal de Cundinamarca anuló el nombramiento del hoy ministro de Hacienda, Edwin Palma, como interventor de Air-e, al concluir que no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia exigidos por la ley. El fallo dejó en entredicho la legalidad de una de las decisiones más relevantes de la intervención. Este hecho no solo cuestionó la idoneidad del nombramiento, sino que abrió dudas sobre la validez de las actuaciones realizadas bajo esa administración.
Fiscalía compulsa copias contra Palma por presuntos sobrecostos
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para investigar posibles sobrecostos en contratos suscritos durante la intervención, según revelaciones periodísticas. El caso quedó en manos de fiscales delegados ante la Corte, lo que evidencia la gravedad de las denuncias. Este proceso judicial está en curso y podría derivar en responsabilidades penales.
Contratos con intermediarios ligados a funcionarios de Air-e denunciados por SEMANA
SEMANA denunció que Air-e intervenida firmó contratos con una empresa intermediaria que compraba a los mismos proveedores previos a la intervención, pero a precios más altos. Según las denuncias, la firma estaba relacionada con el jefe de compras de la compañía y su esposa, quienes ejercían funciones durante la administración del ministro Palma. El esquema habría presuntamente encarecido artificialmente las adquisiciones, afectando las finanzas de la empresa. El contrato fue firmado pese a los cuestionamientos sobre la idoneidad de la firma y posteriormente suspendido por el nuevo interventor tras una revisión interna, lo que reforzó las dudas sobre su legalidad.
Sobrecostos en transformadores y otros insumos estratégicos
A partir de la denuncia de SEMANA, se documentaron sobrecostos significativos en la compra de transformadores y otros equipos esenciales durante la intervención. Estas adquisiciones habrían incrementado innecesariamente los gastos operativos de Air-e. El impacto financiero de estas decisiones contribuyó al deterioro económico que hoy enfrenta la compañía.
Dudas por giros por aproximadamente 250.000 millones a empresas de pesos a empresas de William Vélez
La Fiscalía investiga pagos por cerca de 250.000 millones de pesos realizados a empresas del fallecido empresario William Vélez. Se trata de recursos anteriores a la intervención que se encontraban en litigio, lo que hace que los giros resulten altamente cuestionables. La decisión de pagar estos montos sin resolución judicial definitiva genera serias dudas sobre su legalidad.
Incrementaron las tarifas para estratos 1 y 2
Según el Centro de Investigación Observadores, pese a los planteamientos del Gobierno que aseguraba que las tarifas de la energía habían bajado, se documentó que la anunciada reducción de tarifas no aplicó para los estratos bajos; por el contrario, registraron incrementos cercanos al 5 por ciento. A este aumento se sumaría ahora el cobro adicional de 8 pesos por kilovatio-hora, lo que impacta de manera directa a los usuarios.
Crecimiento de la burocracia
A pesar del deterioro financiero, Air-e aumentó significativamente su planta directiva, pasando de cinco a 16 cargos de alto nivel. Esta expansión administrativa elevó los costos fijos de la empresa mientras se acumulaban deudas millonarias. La decisión contrasta con la situación financiera crítica que enfrentaba la compañía.
Negativa a entregar información a los entes de control
Se ha documentado que la Superintendencia y la empresa intervenida se negaron de forma reiterada a entregar información completa a la Procuraduría y la Contraloría. Esta falta de transparencia limitó el control institucional y dificultó la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos durante la intervención.
