La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, y las víctimas reconocidas (el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez) pidieron este martes 18 de noviembre un plazo para presentar el recurso de casación en contra del fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En el documento enviado por la Fiscalía General se pide que se “estudie la viabilidad de prorrogar el término dispuesto” para “presentar la correspondiente demanda de casación” en contra del fallo que absolvió al exmandatario.
Esto, sustenta la fiscal del caso, debido a la complejidad del proceso en sí y lo extenso del expediente. “Importa destacar que esta funcionaria, como todos los servidores de la Fiscalía, no cuenta con la posibilidad de dedicarse a un solo caso; por el contrario, en el transcurso de los días, que se han ido descontando de los 30 iniciales, he estudiado y formulado imputaciones, tengo pendiente formular otras en dos casos, asistir a sesiones de juicio en dos procesos distintos, dos sustentaciones de recursos de casación”.
“En este caso son cinco los presuntos delitos que serán objeto de estudio, acompañados por ejes de gran envergadura que dicen [tener] relación con una compleja interpretación del debido proceso probatorio, el análisis de la exclusión de las pruebas, en un contexto que resulta siendo antagónico entre la juez de primera instancia y la Sala mayoritaria de segunda instancia, y a la vez entre esta y la magistrada disidente”, añadió la delegada.
Los recursos de casación están dirigidos a que se revise el fallo que tumbó la condena de doce años de prisión que se había emitido en primera instancia contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En este sentido, pedirán que se le otorgue validez a su teoría frente al hecho que el expresidente le dio instrucciones al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, con el fin que ofreciera dádivas y asesorías jurídicas a un grupo de exparamilitares para que firmaran una retractación a favor del expresidente.
En esta presión, señalan, se habría buscado enlodar al senador Iván Cepeda con el fin de indicar que estaba detrás de un plan para afectar el buen nombre y honra del exmandatario para vincularlo con la conformación y financiamiento del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para la fiscal Marlene Orjuela, se hace necesaria esta prórroga con el fin de estudiar cada uno de los aspectos probatorios que hicieron parte del intenso debate jurídico en este caso.
“La adición del término que se solicita está dentro del marco del plazo razonable, no supera el término prorrogado [...]. A lo que se adiciona que no se afecta los intereses de los sujetos procesales, el procesado sigue amparado en la presunción de inocencia, está gozando de su libertad y de todos sus derechos”, aseveró.
Finalmente, y frente a uno de los temas que más ha generado debate en este caso, la fiscal del caso aseguró que “el término de la prescripción quedó suspendido y empezará a correr de nuevo por el lapso de cinco años, lo que conlleva estimar que la facultad de administrar justicia está garantizada”.