La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá explicar en detalle cómo fue el estudio de riesgo que le hizo a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y a Gabriela Muñoz, exservidora de la Aeronáutica Civil, para que les asignaran esquemas de protección.
SEMANA accedió al auto que la procuradora Sonia Tellez, delegada para Funciones Mixtas, expidió el pasado 28 de agosto para ordenar la apertura de la indagación previa contra responsables por determinar en el Ministerio del Interior, la UNP y el Comité de Evaluación de Riesgo (Cerrem) por las presuntas irregularidades detrás de los esquemas asignados a las dos exfuncionarias.
En ese documento conocido en exclusiva por esta revista, la Procuraduría también ordenó a la Unidad Nacional de Protección un informe detallado y soportado del trámite realizado para el otorgamiento, la continuidad y el estado a la fecha de los esquemas de seguridad dados a Guerrero y a Muñoz.
El documento emitido por la procuradora Tellez también pidió las “solicitudes de otorgamiento o continuidad de los esquemas de seguridad, análisis y estudios de riesgo de seguridad realizados al interior de la UNP, conceptos entregados al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), actas en las que consten las deliberaciones y decisiones adoptadas por el Cerrem”.
El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas es el órgano colegiado de la Unidad de Protección que se encarga de analizar los informes técnicos sobre amenazas para validar el nivel de riesgo de una persona y recomendar las medidas de protección pertinentes.
Por eso, desde el Cerrem también deberán explicar cuáles fueron los análisis, las verificaciones y los resultados que derivaron en la necesidad de asignarles esquemas de protección a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz.
Las dos jóvenes mujeres generaron polémica en el gobierno Petro: Juliana Guerrero terminó condenada a tres años de cárcel por falsificar el título de contadora para convertirse en la viceministra de Juventud del extinto MinIgualdad, y Gabriela Muñoz protagonizó un escándalo junto a su familia por el supuesto manejo de nombramientos, contratos y decisiones de alto nivel al interior de la Aeronáutica Civil.
Ahora la Procuraduría trata de determinar si detrás de esa asignación a los esquemas de protección de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz pudieron existir irregularidades.
Guerrero fue señalado de supuestamente conseguir un aval de un movimiento político para mantener su esquema de protección, mientras que a Muñoz le habrían dado ese beneficio de seguridad amparados en un decreto de dirigente o activistas políticos, eso cuando apenas era auxiliar de la Aerocivil.