Las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz protagonizaron grandes escándalos en la administración de Gustavo Petro y nunca les pasó nada. Pero ahora, un mes después de que finalizara ese mandato, SEMANA revela en exclusiva los expedientes que tiene la Procuraduría contra las dos mujeres por los esquemas de seguridad que les asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las supuestas irregularidades en la Aeronáutica Civil.
El primer capítulo se centra en los esquemas de seguridad que les otorgó la UNP a Guerrero y Muñoz cuando era dirigida por Augusto Rodríguez, uno de los hombres más cercanos a Petro.
La Procuraduría abrió indagación previa contra el Ministerio del Interior, la UNP y el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) para investigar las “presuntas irregularidades en el esquema de protección y continuidad de esquemas” de las exfuncionarias, menciona el documento.
El ente de control confirmó que los hechos se registraron cuando Juliana Guerrero era funcionaria del Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, y Gabriela Muñoz formaba parte de la Aerocivil, entonces dirigida por Luis Alfonso Martínez Chimenty.
Las fuentes abiertas le permitieron a la Procuraduría Delegada para Funciones Mixtas detectar la denuncia que hizo Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, tras alertar, a finales de abril de este año, que Juliana Guerrero tenía esquema de seguridad, pese a no ser funcionaria pública. Rodríguez cuestionó la prontitud con la que se le habría aprobado a Guerrero ese equipo de protección.
El documento en poder de SEMANA afirma que Rodríguez, entonces director de la UNP, explicó que el esquema otorgado a Guerrero y su continuidad después de su salida del Ministerio del Interior se dio por los procedimientos técnicos y legales de análisis sobre el nivel de riesgo de la joven cesarense.
El ente de control también recopiló el artículo que publicó SEMANA el 6 de agosto de 2026, titulado ‘La jugadita de Juliana Guerrero para que Petro le fortalezca su esquema de seguridad antes de dejar la Presidencia’. El escrito reveló la denuncia del sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Privada (Analtraseg) sobre un audio con el que Guerrero habría buscado un aval político para mantener su protección.
“Es que acabe (sic) de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez, donde decía: dígale a Juliana que acepte su condición de activista a un partido político o activista de derechos humanos porque le vamos a tener que quitar la medida. Entonces ya yo le dije que lo iba a hacer. Ya me van a mandar ahora el certificado de militancia del Partido Polo Democrático”, decía Guerrero en el audio revelado por SEMANA.
Este nuevo proceso se conoce después de que la joven de 26 años, quien fue delegada del presidente de la república ante el Consejo Superior de la Universidad del César, terminó condenada a tres años por falsificar su título profesional para asumir como viceministra de Juventud, pero sin pagar un solo día de cárcel.
El esquema de Muñoz
El mismo auto de la Procuraduría Delegada para Funciones Mixtas señaló que, desde el 19 de agosto de 2026, Gabriela Muñoz habría contado con un esquema de seguridad amparado en un decreto para dirigentes o activistas políticos, pese a no ser una figura destacada de ningún colectivo.
Lo más grave del caso es que días después apareció la versión de que Muñoz, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Marco Emilio Hincapié, no estaba conforme con ese esquema que le otorgó la UNP y habría solicitado su refuerzo.
La Procuraduría, por su parte, advirtió en el documento en poder de SEMANA que se “evidencia (...) que pudieron presentarse irregularidades en el otorgamiento y continuidad de los esquemas de protección dados y actualmente vigentes de la exfuncionaria del Ministerio del Interior, Juliana Andrea Guerrero, y la exfuncionaria de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Gabriela Muñoz”.
La joven de apenas 20 años aseguró en su momento que esas medidas de protección que le asignó la UNP respondieron a una petición que había solicitado hace meses. Aseveró que las amenazas existen, están documentadas y hasta responsabilizó al Gobierno de De La Espriella por “mi vida y mi integridad”.
Los Muñoz en la Aerocivil
Pero ese no es el único proceso disciplinario que persigue a la joven Muñoz. Esta revista también accedió al oficio que expidió el ente de control para ordenar una indagación en la Aeronáutica y establecer las presuntas irregularidades detrás del tráfico de influencias y la contratación millonaria y aparentemente irregular en la entidad.
Lo primero que tratará de esclarecer esta investigación es el supuesto nepotismo que se habría llevado a cabo dentro de la Aerocivil en la época de la dirección de Luis Alfonso Martínez Chimenty, pues contrató a Gabriela Muñoz, a su hermano Santiago Muñoz y, al parecer, a varios familiares, identificados como Silvana Muñoz, Samuel Muñoz y Daniel Arias Olaya.
La Procuraduría para Funciones Mixtas también intenta determinar la posible participación irregular de Gabriela Muñoz en asuntos ajenos a los de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aeronáutica. Aunque estaba vinculada como una auxiliar, funcionarios de la entidad denunciaron que la joven se habría convertido en la mano derecha de Martínez Chimenty.
El poder que habría acumulado la mujer dentro de la entidad fue tal que la indagación previa también busca establecer si incurrió en un presunto tráfico de influencias para favorecer a familiares o allegados dentro de la Aeronáutica.
Muñoz, según el general (r) José Henry Pinto, quien también dirigió este organismo, aseguró que su llegada se dio por Liliana Olaya, su madre, quien laboraba en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y tendría una estrecha relación con el expresidente Gustavo Petro. Olaya, de hecho, reconoció que ella fue la que vinculó a sus hijos y parte de sus familiares a la Aerocivil.
La Procuraduría también investiga cómo, durante la administración de Martínez Chimenty y la supuesta influencia de los poderosos hermanos Muñoz, se habrían presentado irregularidades en la celebración de un contrato por 400 millones de pesos, que recibió constantes adiciones hasta alcanzar 12.000 millones de pesos. Un aumento inexplicable de casi 3.000 por ciento.
Los escándalos también dejaron investigaciones por presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios no laborales para tramitar contratos y por la supuesta desatención a una solicitud de la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para revisar la contratación por prestación de servicios.