De manera sorpresiva, Juliana Guerrero, la joven presentada por el expresidente Gustavo Petro en una reunión en la Casa de Nariño, aceptó, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en la obtención de títulos falsos, en julio de 2025, emitidos por la Fundación Universitaria San José.
Este miércoles, 9 de septiembre, se dio la formalización de la presentación de su preacuerdo. Así le consultaron a Guerrero, durante la sesión, qué consideraba ella que estaba acordando con el ente acusador:
- Fiscalía: ¿Usted está consumiendo algún tipo de medicamento, sustancia o elemento alguno que le afecte su psiquis?
- Juliana Guerrero: No, señor. No, su señoría.
- Fiscalía: ¿Esta aceptación de cargos que usted hizo la hizo de manera libre o alguien la presionó?
- Juliana Guerrero: De manera libre, su señoría.
- Fiscalía: ¿Usted es consciente de lo que está haciendo?
- Juliana Guerrero: Sí, señor.
- Fiscalía: Señora Guerrero, en sus propias palabras, explíqueme cuál es el acuerdo al que usted llegó con la Fiscalía.
- Juliana Guerrero: Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y presentar los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida en que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal.
- Fiscalía: A cambio de esta aceptación, ¿qué beneficio usted obtiene?
- Juliana Guerrero: La reducción de la pena a la mitad, de tres años, la inhabilidad de 2,5 años y una multa de cien salarios mínimos.
- Fiscalía: Para este despacho queda claro que la aceptación de cargos que ha realizado la señora Juliana Andrea Guerrero es una aceptación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, con lo cual este requisito del preacuerdo ya queda; será sometido a decisión.
Este es el momento:
Al margen de este escándalo, SEMANA reveló pruebas de una red que gestionaba contratos en el gobierno Petro, liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Hay testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias.
Los hechos irregulares comenzaron en el segundo semestre de 2024, cuando las hermanas se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander.
En ese momento, Juliana ya había culminado su contrato de 11 millones de pesos en el Ministerio del Interior y tomaba vuelo para llegar al Viceministerio de Juventudes con el título falso de contadora, un plan que le falló.
Para la época, a Verónica se le vencieron dos contratos que sumaban 19 millones de pesos en Colombia Compra Eficiente y uno más en el Ministerio del Interior por 11 millones de pesos, de acuerdo con los reportes disponibles en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Tres personas que participaron en el entramado contactaron a SEMANA para develar este escándalo de corrupción, donde había tarifas por cada gestión para obtener contratos. De hecho, la primera cita con las hermanas valía un millón de pesos. Juliana era la encargada de las gestiones ante el Gobierno para favorecer a los empresarios con dichas contrataciones, a cambio de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado.
A su vez, los empresarios tendrían comunicación exclusiva con su hermana Verónica para conocer el estado de los procesos. La plata la recibía David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia de las mujeres que, en ese instante, buscaba desesperadamente un título universitario falso para una de las hermanas Guerrero. Uno de los posibles contratistas le ofreció uno en administración por 25 millones de pesos, según un chat de WhatsApp en poder de SEMANA.
Dos hombres que apostaron por el plan de las Guerrero, cuya identidad pidieron proteger por el peligro que corren al exponer estas graves denuncias, le describieron a SEMANA que las hermanas les prometieron la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, un proyecto para la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar con la plata del Ministerio de Vivienda y un plan de mejoramiento de hogares en varios pueblos, también con el dinero de esta última entidad.
De igual manera, se les fijó una tarifa de un millón de pesos para que ellas, presuntamente, gestionaran citas entre alcaldes y empresarios con el Gobierno nacional.