En el transcurso de esta semana se han presentado dos audiencias clave en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio del Caso 03, que tiene relación con los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Entre el lunes y el martes, compareció el excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya Uribe, quien respondió a los señalamientos de varios de sus subalternos, exasesores y otros oficiales en retiro, de haber tenido una participación directa en las órdenes para presentar a civiles ajenos al conflicto como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate.
En dos extensas sesiones, que se realizaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, en Bogotá, el general Montoya fue interrogado por las órdenes expresas que habría dado para que se presentaran más resultados operativos en la lucha contra la subversión. Esto, sin importar si las víctimas registradas estaban en las filas de estructuras criminales.
A lo largo de este expediente, el oficial ha sido señalado de haber fomentado en programas de radio a los comandantes de las Brigadas el aumento de bajas en combate, expresando que tenían que presentar muertos y no heridos.
En dichos programas, incentivaba los premios a aquellos que tuvieran los mejores números. Tales premios se traducían en días de descanso, ascensos, aumentos y demás.
Pese a que el general en retiro ha negado estos señalamientos en los últimos años, en una audiencia que se celebró en la ciudad de Villavicencio, en el Meta, varios comparecientes confirmaron las presiones que recibían.
Uno de ellos fue el brigadier general (r) Carlos Olivio Saavedra Sáenz, quien comandó la VII Brigada del Ejército Nacional entre 2001 y 2003.
“El mismo sistema funcional de la institucionalidad a través de documentos, de programas radiales, de reuniones del alto mando militar se hacían este tipo de comentarios, felicitando y estimulando de una u otra forma los resultados operacionales a todas las unidades. Se nombraba quiénes iban de primero, de segundo, de tercer lugar, y se nos motivaba para seguir en esa campaña”, explicó ante la JEP.
“De tal manera que esto, en cierta forma, generó una aceleración por parte de nosotros de estar en esa tónica. Y actuamos sin mediciones y sin tener en cuenta el impacto que se generaba hacia abajo. Pero, de arriba, del armado superior, no había un seguimiento de esa gestión que desarrollábamos al nivel táctico y operativo”, añadió el excomandante de la VII Brigada.
Los premios a los “ganadores”
Durante su intervención, ante un centenar de víctimas reconocidas por el Subcaso Meta, el general en retiro nombró uno a uno los premios que recibieron por presentar más bajas en combate.
“Durante mi comandancia se otorgaron felicitaciones, permisos y beneficios a quienes participaban en operaciones donde se reportaban muertes. Incluso, emití comunicados felicitando públicamente por alcanzar cien bajas en combate durante el año 2003. Hoy me avergüenzo, reconocer que muchas de esas supuestas bajas correspondían realmente a civiles asesinados; la muerte terminó por convertirse en una forma de demostrar eficiencia militar”, reconoció el general Saavedra Sáenz con la voz entrecortada.
El general manifestó que incurrió en graves omisiones al no revisar con rigor los informes oficiales sobre los operativos adelantados contra grupos subversivos y verificar, en efecto, si correspondían, o no, a integrantes de estructuras armadas o eran civiles ajenos a la confrontación.
“Hoy entiendo que muchas de esas carpetas contenían documentos alterados, informes falsos, montajes construidos para darles apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones”, reseñó pese a las inconsistencias de los hechos narrados en dichos informes.