El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le solicitó formalmente, este jueves 17 de septiembre, la renuncia protocolaria a los ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, el organismo consultivo del Estado que asesora al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal.
La petición se basa en el hecho de que la Comisión Asesora de Política Criminal es un organismo “consultivo e independiente” cuyos integrantes son designados por el Ministro.
La instrucción fue remitida por la directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria citando el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, el cual establece las facultades potestativas de nominación derivadas en cabeza del jefe de la cartera del Derecho.
En los próximos días, el ministro Cancino definirá quién sigue y quién no en el organismo encargado de brindar soporte técnico, científico y empírico en materia penal y penitenciaria en el país.
La Comisión está conformada por académicos, abogados y defensores de derechos humanos entre los que se encuentran Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte.
Recientemente, desde el Ministerio de Justicia se formalizó la presentación de la política del sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales.
“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, señalaron desde el Ministerio.
“No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, añadió.
Desde el Ministerio se indicó que se mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos.