El ministro de Justicia, Iván Cancino, estuvo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, explicándoles a los congresistas las necesidades de su cartera en el presupuesto para el 2027.
Uno de los temas que abordó como prioridad para su sector fue la construcción de cárceles en el país, una bandera del presidente Abelardo De La Espriella desde la pasada campaña electoral y que, según confirmó Cancino, sigue adelante. “Va a haber cárceles: por supuesto”, dijo.
Cancino reconoció que si bien el problema de fondo no se soluciona solamente construyendo los centros penitenciarios, estos son necesarios. Por su parte, el director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, afirmó en ese mismo recinto que actualmente hay un faltante de 40.000 cupos en el país.
“Hay que tratar de buscar que en un futuro esas cárceles cumplan su función de resocializar a las personas, de tener el trato diferenciado con las mujeres, personas con enfermedades mentales, temas de identidad de género, tratamiento de la niñez y que cumplan un programa de resocialización”, afirmó Cancino.
En ese sentido, dijo que la prioridad del Gobierno es construir nuevas cárceles y finalizar otras que no fueron entregadas por el mandato de Gustavo Petro. Concretamente, se refirió a dos: una en La Guajira y la megacárcel de Sabanas de San Ángel en el Magdalena.
Cancino aclaró que el Gobierno buscará recursos más allá del sector público y por eso estarían considerando realizar alianzas público-privadas para la construcción de esos centros penitenciarios. El ministro habló de vincular a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en este propósito.
“Este Gobierno está abierto a escuchar las ideas de proyectos productivos, pero también de cárcel, de programas de resocialización, de mano dura, de tratar de erradicar la delincuencia desde las cárceles, no solo la extorsión sino el homicidio”, aseguró Cancino.
La crisis del sistema carcelario se evidencia en informes recientemente conocidos.
SEMANA conoció dos derechos de petición entregados al representante Julio César Triana, de Cambio Radical, en los que se reconoce que en los 132 centros de reclusión que dice la Uspec que hay en el país, solo 27 cuentan con tratamiento de agua potable y apenas en 23 hay plantas de tratamiento de aguas residuales.
Esto demuestra que en la mayoría de las cárceles del país los presos no cuentan con acceso directo a agua apta potable y que varios centros penitenciarios que iban a ser entregados en la anterior administración gubernamental tendrían un bajo avance.