A pesar de que el presidente Gustavo Petro se comprometió a “humanizar” las cárceles durante sus cuatro años de mandato entre 2022 y 2026, la realidad es que las cifras demuestran que eso no se logró.
SEMANA conoció las respuestas de dos derechos de petición de la Contraloría General y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que fueron entregados al representante por el Huila Julio César Triana, de Cambio Radical, en los que se denota que esos objetivos no se cumplieron.
Por un lado, en materia de salud, se encontró que de los 132 centros de reclusión que dice la Uspec que hay en el país, solo 27 cuentan con tratamiento de agua potable y apenas en 23 hay plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que demuestra que en la mayoría de las cárceles del país los presos no cuentan con acceso directo a agua apta para el consumo o para preparar alimentos.
Otro dato revelador es que, según la información entregada por esas entidades, en el sistema hay 1.423 profesionales de la salud para atender a 95.490 personas en modalidad intramural, lo que refleja que en promedio hay 14,90 médicos, enfermeras y otros especialistas por cada 1.000 presos a nivel nacional.
En el caso de la Contraloría, la entidad señaló que hay deficiencias en el acceso a citas médicas. En 2025 se registró un aumento de más del 60 por ciento en el registro de enfermedades transmisibles como tuberculosis o varicela.
Incluso, reconocieron que en la mayoría de los centros carcelarios que visitaron no hay pabellones de aislamiento para personas que tienen enfermedades transmisibles, lo que genera mayor caos cuando se suma a la falta de atención médica, agua potable y al hacinamiento carcelario.
“Algunas unidades de sanidad presentan humedades, falta de mantenimiento, se encuentran ubicadas en sitios de difícil acceso para los discapacitados y, si cuentan con ascensor, este se encuentra fuera de servicio; no cuentan con instalaciones independientes para ubicar a los adultos mayores o a las personas con problemas mentales o con enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis y VIH, situación que aumenta el riesgo para toda la población”, indican en la Contraloría.
Esa crisis se ve reflejada en algunas decisiones que se han tomado en los centros penitenciarios. Entre 2025 y 2026, las autoridades sanitarias cerraron tres cocinas en cárceles en San Andrés, Ipiales y Armenia. En el caso de Ipiales se encontró hollín en los alimentos y plagas masivas en las cocinas. En Armenia se registraron casos de salmonelosis, que se transmite por la mala manipulación de los alimentos y la falta de agua potable.
Otro aspecto que refleja la crisis carcelaria que hay en el país son los recursos y el avance de las obras que se proyectaban entregar.
Actualmente, en el sistema carcelario hay un hacinamiento superior al 20 por ciento, según cifras del Inpec. Aunque en el país hay cupo para unos 80.000 presos, en los centros penitenciarios se registran casi 101.000 privados de la libertad, es decir, una sobrepoblación de más de 21.000 personas.
A pesar de que el Gobierno Petro destinó en 2022 más de 104.000 millones de pesos, los documentos entregados a Julio César Triana reflejan que se ejecutaron 24.000 millones, es decir, el 23 por ciento de esos recursos en ese año. En 2023 se asignaron 100.246 millones de pesos y se ejecutaron casi 25.500 millones, el 25 por ciento. En 2026, 131.825 millones y se pagaron 32.756, el 24 por ciento.
Pero hay cifras más alarmantes. Para la habilitación de nuevos cupos carcelarios en la vigencia de 2022 se comprometieron 225.000 millones de pesos y se pagaron 6.000, es decir, el 2 por ciento. En términos generales, el representante de Cambio Radical encontró que ninguna ejecución superó el 35 por ciento entre las vigencias de 2022 a 2026.
Si se suman todas las vigencias en mejoramiento y construcción, asignación de nuevos cupos y rehabilitación de espacios, se encuentra que se destinaron 1,89 billones de pesos para infraestructura carcelaria y la ejecución fue de solo 460.000 millones de pesos, es decir, del 24,3 por ciento.
Un punto importante es lo que pudo haber pasado con esos recursos, pues ni la Uspec ni la Contraloría detallaron qué sucedió con los dineros restantes. En el caso del ente de control, se habla de una pérdida de vigencias futuras, aunque no se detalla en qué contratos.
En 2022, el Gobierno Petro expidió el Conpes 4082 para construir nueve centros penitenciarios en distintos departamentos del país, con el propósito de aliviar la crisis de hacinamiento mediante la ampliación de 9.805 cupos.
Esas obras estaban proyectadas para entregarse en 2026, por lo que se asignaron más de 850.000 millones de pesos, pero al finalizar ese mandato no se entregó ninguna e incluso cuatro obras tienen un avance del 0 por ciento.
Se trata de centros penitenciarios en Mocoa, San Andrés, Buenaventura y San Martín (Meta), sobre los que no se ha ejecutado ningún recurso. En el caso de Barrancabermeja, el avance es del 30 por ciento, mientras que en Riohacha, que tenía que ser entregado en 2025, el progreso de la obra es del 62 por ciento. En La Guajira es del 43 por ciento y en Silvia (Cauca) es del 38 por ciento.
El Gobierno Petro expidió el Conpes 4157, con el que planteó una asignación presupuestal de más de 4 billones de pesos y se habló de “humanización” del sistema carcelario.
En medio de todo ese panorama, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dicho que está comprometido en construir diez megacárceles. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que el ministro de Justicia, Iván Cancino, se comprometió a sacar adelante las diez megacárceles que el mandatario dijo que haría durante la campaña presidencial. “Se le pidió que no fuera al interior de las ciudades, sino en las afueras. Eso generaba inseguridad y él expresó su acuerdo”, aseguró Cepeda.
Con ese propósito ya se han ido adelantando algunas gestiones, especialmente para reducir la criminalidad que se maneja desde las cárceles del país. De La Espriella compartió que se realizó un operativo a nivel nacional para la desconexión eléctrica en varios centros penitenciarios. En total se intervinieron 222 pabellones, en los que se encontraron 10.716 conectores eléctricos, 1.997 electrodomésticos, 688 celulares, 16,4 kilos de estupefacientes, 908 litros de licor y 716 armas blancas.
“Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. Eso se acabó. Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país. Esas obras se harán con la empresa privada, esas cárceles se van a construir para aquellos que tanto daño han hecho a la República”, afirmó el mandatario recientemente.
De La Espriella dijo que, mientras avanzan esas obras, se ordenó reforzar la seguridad de los establecimientos existentes. El Inpec tiene la instrucción del Gobierno de recuperar el control en las cárceles y el director, el coronel Daniel Gutiérrez, tendrá que dar resultados o saldría de su cargo, según confirmó el presidente en un discurso.