La Organización Sindical de Trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses alertó a los órganos de control sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando en la entidad. SEMANA revela los oficios y las fotografías de la aparente crisis que preocupa tanto a funcionarios como a contratistas.
En el documento de 24 páginas se advirtió de posibles inconsistencias en la contratación de 54 personas a comienzos de 2026, a pocos días de entrar en vigor la ley de garantías. En particular, se pidió a la Procuraduría y la Contraloría evaluar la posible comisión de algunos delitos en el supuesto “procedimiento exprés”.
De otro lado, se advierte de una aparente crisis humanitaria, sanitaria y laboral que padecería el personal médico, técnico y asistencial que labora en algunas sedes del Instituto, principalmente en las ubicadas en el departamento del Valle del Cauca y el Caribe colombiano, según lo denunció el sindicato.
“Esta denuncia muestra que la crisis no es un hecho fortuito, sino el resultado de la omisión de múltiples alertas sindicales, el desconocimiento de los análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia, y una posible grave violación de los principios de previsión, prevención y debida diligencia”, aseguró la organización.
En especial, se puso la lupa sobre la sede de Medicina Legal en Cali, que resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto y que tiene riesgo de colapso. Por esa razón, la operación forense se trasladó a la Unidad Básica de Palmira, a donde llegan, cada día, por lo menos 15 cadáveres, pero la capacidad se tiene para cinco.
De acuerdo con el sindicato, esa sede tiene graves problemas: “El sistema de saneamiento básico colapsa permanentemente con el retorno de aguas residuales de necropsia forense mezcladas con fluidos corporales de precaución universal, como sangre, orina, secreciones, fragmentos de tejidos, agentes químicos”.
En las imágenes disponibles se observa el material sobre el suelo mientras los profesionales adelantan los procedimientos en las morgues. Para el sindicato, se estaría exponiendo a los trabajadores a un foco biopeligroso extremo y se vulnerarían sus derechos, por lo que se pidió la intervención de los entes de control.
También se narró que en diferentes regiones se tendría un estado deficiente de la infraestructura para la realización de necropsias: “Las mesas de trabajo carecen de sistemas hidráulicos funcionales y de desagües adecuados, así como de condiciones de diseño bajo estrictos principios de ergonomía y contención biológica”.
Frente a toda esta situación, el sindicato pidió que se cierren temporalmente las actividades de la Unidad Básica de Palmira por el alto riesgo de afectación a los trabajadores. No obstante, SEMANA confirmó que Medicina Legal no ha encontrado morgues alternas en el Valle del Cauca y la única opción disponible es esa.
En conversación con SEMANA, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, reconoció que varias sedes tienen problemas de infraestructura, alarmó que no se contará con el presupuesto necesario para atender los inconvenientes durante 2027 y se pronunció sobre las graves condiciones de la sede de Palmira.
“El 10 de agosto hubo un temblor que nos dejó sin la sede de Cali y nos tocó hacer un plan de contingencia. Sobre la morgue, hemos tocado todos los sitios que quiera y no hemos conseguido. Nos tocó recurrir a Palmira. Sabemos que la infraestructura no está hecha para atender la cantidad de muertos que hay en Cali”, comentó Cortés.
El director describió que su equipo está haciendo esfuerzos para encontrar una nueva morgue en Cali y atender los requerimientos de las demás sedes, pero reconoció que no tiene suficientes recursos. En 2026 le recortaron 12.000 millones de pesos del presupuesto y para 2027 proyectó necesidades por 841.000 millones, pero solo se avalaron 551.000 millones de pesos.