El vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló detalles de la Directiva 02 que firmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, cuya medida se enfoca en las tareas que tenía el Ministerio de la Igualdad creado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Soto arremetió contra la administración anterior al advertir que se dejó a la deriva a las poblaciones más vulnerables del país, a las que se les prometió protección mediante el amparo de esa cartera.

“Se fundó como una vitrina ideológica, más preocupados por el discurso que por el resultado, más interesados en exacerbar una narrativa que en construir una institucionalidad sólida y duradera para proteger a quienes decían defender. Y, cuando llegó la hora de cerrarlo, ese mismo gobierno que tanto habló de proteger a las personas más vulnerables las dejó exactamente donde dijo que nunca las iba a dejar. Expuestas, sin ruta, sin garantías, sin que nadie respondiera por ellas”, expresó Soto.
El vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló detalles de la Directiva 02 que firmó el presidente De La Espriella para ordenar la liquidación del MinIgualdad y proteger los derechos de las poblaciones vulnerables: “Se fundó como una vitrina ideológica”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/cXPuWHxxpP
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026
Además, el alto funcionario de la Casa de Nariño cuestionó: “Ahí está la contradicción de fondo: mucha bandera y nada de responsabilidad. Por eso el presidente Abelardo De La Espriella firmó la Directiva Presidencial 02 dirigida al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia, al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Departamento de Prosperidad Social para darle orden a una situación que el gobierno anterior dejó hecha un desastre. La Directiva 02 es clara en cuatro puntos”.
“Todas esas entidades tienen que atender de manera oportuna cualquier requerimiento del liquidador para que el proceso avance sin trabas. La Función Pública va a coordinar con las demás entidades un plan de acción concreto para identificar y reasignar de manera clara y ordenada las funciones, los programas, los proyectos y los recursos que quedaron sueltos para que nada se quede sin dueño”, recalcó el vocero.
Además, Soto expresó: “Se invita a los organismos de control, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y a los demás a acompañar y vigilar este proceso, porque este Gobierno no le teme que lo vigilen; todo lo contrario, prefiere que estos órganos lo acompañen”.
“Toda la Rama Ejecutiva queda comprometida a apoyar al liquidador y a la Función Pública en lo que sea necesario. Este Gobierno no discute la decisión de la Corte; lo que no puede aceptar y no va a aceptar es que la irresponsabilidad de quienes se fueron termine costándole la protección a la gente que más la necesita”, subrayó.

Finalmente, Soto indicó: “Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho. Esa es la diferencia entre gobernar con consignas y gobernar con responsabilidad”.
