El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca poner nuevas condiciones a los carros que imparten fotomultas, en muchas ocasiones, sin la presencia de agentes de tránsito.
El vocero del Gobierno, Miller Soto, aseguró que, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, esto deberá cambiar. “La decisión busca que las multas de tránsito no se impongan de manera automática sin supervisión y sin que los conductores tengan claridad sobre quién realizó el procedimiento”, aseguró Soto.
A través del Ministerio de Transporte, a cargo de la ministra Elsa Noguera, el Gobierno tomó la decisión de implementar nuevas reglas para estos vehículos.
“La medida contempla la derogación de la Circular 867 de 2025 y establece condiciones específicas para garantizar que la tecnología sea utilizada de manera transparente bajo la responsabilidad directa de las autoridades”, aseguró el vocero del Gobierno.
Soto afirmó que, con la nueva disposición, los vehículos con cámara para fotomultas deberán estar acompañados presencialmente por un agente de tránsito visible y plenamente identificado para poder imponer la multa.
“Ese funcionario será el encargado de operar el equipo, verificar la situación registrada y expedir el comparendo bajo su nombre y su responsabilidad. Esto significa que una cámara no podrá reemplazar por sí sola la labor de la autoridad de tránsito”, explicó Soto.
El vocero del Gobierno aclaró que, para que se lleve a cabo el procedimiento, deberá contar con supervisión humana y permitir que el ciudadano conozca la forma en la que se detectó la infracción, cuándo ocurrió y quién estuvo a cargo del control.
“La decisión responde a una de las principales preocupaciones de los conductores: recibir una multa sin haber visto al agente, sin conocer las circunstancias del procedimiento y sin tener claridad sobre la validez de la evidencia”, afirmó.
Soto dijo que, con las nuevas reglas, los controles deberán ser visibles y verificables, y el agente deberá cumplir con sus funciones de acuerdo con la normativa vigente.
“La regulación también establece una diferencia entre las cámaras utilizadas como apoyo a la vigilancia y los dispositivos que operan de manera autónoma. Cuando una cámara funcione sin presencia directa de un agente, deberán cumplirse requisitos específicos para garantizar la validez de la evidencia”, aseguró Soto.
El vocero del Gobierno aclaró que el ciudadano deberá contar con la posibilidad de conocer y controvertir la presunta infracción, de acuerdo con el debido proceso.
“El Gobierno aclaró que esta decisión no significa eliminar las herramientas tecnológicas de las carreteras. Las cámaras pueden ayudar a detectar maniobras peligrosas, mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes; sin embargo, su utilización debe tener un propósito preciso: proteger la vida y promover el cumplimiento de las normas”, afirmó el vocero.