La construcción de 10 megacárceles durante el Gobierno De La Espriella avanza como una de las principales apuestas de la nueva política penitenciaria. Así lo aseguró Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, quien reveló detalles de una conversación que sostuvo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el proyecto.
De acuerdo con Cepeda, uno de los puntos que puso sobre la mesa durante el encuentro fue la necesidad de evitar que los nuevos complejos penitenciarios queden dentro de los cascos urbanos.
La preocupación, según explicó, está relacionada con el impacto que pueden tener estos establecimientos en la seguridad de las zonas aledañas.
“Se le pidió que no fuera al interior de las ciudades, sino en las afueras. Eso generaba inseguridad allí y él expresó que sí”, señaló el dirigente conservador al referirse a la respuesta entregada por Cancino.
La confirmación se conoce pocos días después de que el jefe de la cartera de Justicia ratificara que el Gobierno mantiene como prioridad la construcción de 10 megacárceles.
La iniciativa busca ampliar la capacidad penitenciaria, reducir el hacinamiento y fortalecer el control sobre las estructuras criminales que continúan operando desde los centros de reclusión.
Cancino ha explicado que el proyecto se encuentra en fase de planeación y que las nuevas instalaciones estarían orientadas, entre otros objetivos, al manejo de internos considerados de alta peligrosidad.
También ha señalado que el Gobierno pretende recurrir a asociaciones público-privadas para financiar las obras y reducir su impacto sobre las finanzas públicas.
Cepeda también hizo referencia a los mecanismos tecnológicos que se utilizan actualmente para evitar que desde las cárceles se continúen coordinando actividades delictivas. En particular, mencionó los sistemas de inhibición de comunicaciones y las dificultades que se han presentado para mantenerlos activos.
Según relató, se han instalado cámaras para vigilar estos equipos, pero en algunos casos los dispositivos habrían sido desconectados, una situación que, a su juicio, evidencia las dificultades de control que enfrenta actualmente el sistema penitenciario.
La apuesta del nuevo Gobierno no se limita a levantar nuevas estructuras. El plan contempla modernizar la infraestructura, reforzar los mecanismos de seguridad y reducir las posibilidades de que las cárceles continúen funcionando como centros de coordinación para organizaciones criminales.