Regresar las tutelas contra el presidente de Colombia al Consejo de Estado es uno de los principales cambios que prepara el Gobierno De La Espriella, con el borrador de decreto que tiene listo el ministro de Justicia, Iván Cancino.
Este cambio se empezó a registrar en el año 2021 durante el gobierno Duque, cuando por medio del Decreto 333 se estableció que las acciones de tutela contra el presidente de Colombia se asignaran en primera instancia al alto tribunal.
En ese momento, la resolución argumentaba que esa decisión, entre otras razones, se dio ante la necesidad de mantener la jerarquía, la desconcentración y la unificación jurisprudencial.
Sin embargo, cuatro años más tarde, el gobierno Petro cambió esa regla con el Decreto 799 de 2025, al eliminar la medida de que el Consejo de Estado llevara las tutelas presidenciales. Fijó que fueran asignadas a jueces del circuito o de igual categoría.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026
Ahora, el ministro de Justicia, Iván Cancino, tiene listo otro proyecto de decreto que plantea modificar nuevamente ese reparto, estableciendo que las tutelas contra las actuaciones y omisiones del presidente vuelvan a llegar en primera instancia exclusivamente al Consejo de Estado.
El ministro Cancino resaltó en el borrador del documento que la Constitución de 1991 define al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
Con ese último punto argumentó que las decisiones del Gobierno nacional pueden producir efectos en una ciudad, una región o hasta tener alcance nacional, por lo que considera que ese tipo de recurso judicial contra el mandatario debe ser conocido inicialmente por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Otro de los argumentos jurídicos de este proyecto de decreto tiene relación con la uniformidad de las decisiones, pues el Gobierno De La Espriella explica que dar ese reparto de las tutelas contra el presidente al Consejo de Estado podría favorecer una respuesta judicial unificada.
Uno de los puntos fundamentales del documento es que el Gobierno De La Espriella sostiene que esa iniciativa no está creando una inmunidad o privilegio judicial para el mandatario, teniendo en cuenta que el único cambio es en el reparto de la tutela.