SEMANA conoció un documento que el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría (STP-Dignidad) le envió al viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, y a los integrantes del equipo de estructuración del concurso de méritos con el que se buscan proveer cerca de 3.000 vacantes de carrera administrativa, tanto en posiciones operativas como en cargos ejecutivos.
El oficio firmado por William Millán, presidente de STP-Dignidad, y Vilma Moreno, vicepresidente, advierte que no pretende frenar el concurso que ha impulsado el procurador general, Gregorio Eljach.
Sin embargo, las alertas se basan en ajustes jurídicos y técnicos para la etapa previa de la inscripción de los aspirantes, porque, según ellos, mantener el diseño que hay en la actualidad podría generar reclamaciones, tutelas e incluso riesgos de nulidad a futuro.
En medio de estas advertencias, la Procuraduría abrió este 7 de septiembre el concurso con el que pretende proveer 3.051 vacantes de carrera administrativa, después de que, en julio de 2024, el Consejo de Estado ordenara convocarlo. En la actualidad hay más de 17.000 aspirantes inscritos.
Los integrantes del sindicato Dignidad cuestionaron que el concurso se haya diseñado como uno de ingreso abierto, sin que presuntamente se verificara con anterioridad si hay funcionarios de carrera que cumplen los requisitos para la modalidad de ascenso.
El principal argumento se basó en que “el artículo 192 dispone que el concurso deberá convocarse de ascenso cuando existan por lo menos cinco empleados inscritos en carrera que cumplan los requisitos, según certificación de Gestión Humana. La respuesta de la Oficina reconoce que esa verificación no se hizo porque se consideró jurídicamente imposible un concurso cerrado”.
Por eso, desde el sindicato destacaron que, aunque el concurso no puede ser cerrado solo para funcionarios de la Procuraduría, esa situación no significa que el ascenso haya desaparecido.
#Nación | Nuevo concurso de notarios: tema central entre el presidente De La Espriella y la Corte Suprema.https://t.co/UZ2z2tMjM3
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Así fue como terminaron proponiendo un concurso mixto donde se promuevan funcionarios de carrera, pero se abran las puertas a los ciudadanos que cuenten con el conocimiento y quieran ser parte de la Procuraduría General de la Nación.
Desde STP-Dignidad también consideraron necesario corregir algunos parámetros del concurso para blindarlo jurídicamente, pues alertaron que continuar sin esos requisitos podría dejar expuesta a la Procuraduría a posibles riesgos de nulidades, tutelas y hasta reclamaciones masivas.
El sindicato le pidió al viceprocurador Fernández que “ordene esa revisión focalizada y adopte los ajustes antes de la inscripción, preservando el calendario en todo lo posible. Un concurso abierto puede y debe incorporar ascenso; una planta global puede y debe ofrecer trazabilidad; una administración con facultad de corregir puede y debe usarla cuando la corrección evita litigios mayores. Corregir ahora no debilita el concurso, lo blinda, honra el mérito y convierte la visión del Procurador General en una oportunidad real de crecimiento en la carrera administrativa”.
También advirtieron en la carta de once páginas que el Tribunal de Cundinamarca, el pasado 26 de agosto, ordenó actualizar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) para incluir las vacantes definitivas de empleos permanentes e incorporar más de cien empleos creados por decreto. Eso habría generado cambios pocos días antes del arranque del concurso.
Los sindicatos advirtieron sobre ese punto que “la información de vacantes debe estar completa, actualizada y auditable antes de la inscripción. Si cada aspirante solo puede escoger una convocatoria de manera irrevocable, necesita conocer con precisión qué empleo está eligiendo. Por eso pedimos un identificador único por vacante, la ubicación inicial, el estado jurídico, el perfil aplicable y la fecha de corte”.
Los miembros de STP Dignidad también le pusieron de presente al viceprocurador Julián Fernández una situación con las resoluciones 211 y 212, las cuales, según el documento, modificaron elementos del concurso antes de la inscripción, como perfiles, disciplinas, requisitos, entre otros, pero no existió una versión consolidada que fijara las reglas del concurso.
El procurador Gregorio Eljach anunció una batalla jurídica y política contra la propuesta del Gobierno De La Espriella frente a quitarle las facultades al ente de control en los procesos penales. Esa iniciativa la lidera el minJusticia, Iván Cancino. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TsBxiyiMVo
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Por último, el documento reconoció que la Procuraduría reservó el 7 % de las vacantes para personas con discapacidad, pero para los miembros de STP-Dignidad, sí se establecía un componente de ascenso, y esa condición también debía reflejarse en esa modalidad.
Así fue como los sindicatos le alertaron a la Procuraduría que podría estar abriendo un concurso de méritos sin definir el componente de ascenso para funcionarios de carrera.
Pese a esas alertas, el ente de control lanzó el concurso que ofrece cargos disponibles con salarios desde 3.000.000 de pesos para labores operativas y 18.000.000 de pesos para jefes de división en el nivel ejecutivo.
Este es parte del documento de la advertencia al viceprocurador:
