El Ministerio de Salud, a través del abogado Juan Camilo Escallón, radicó un recurso ante el Consejo de Estado con el que busca revocar la medida cautelar que suspendió provisionalmente el traslado de millones de pacientes a la Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno Petro.
El recurso de 28 páginas expone: “Si bien uno de los elementos esenciales de las decisiones judiciales es la imparcialidad; en este caso, se considera, subyace y se antepone una concepción ideológica que ha hecho que, de una manera arbitraria, se adopte la decisión que se ataca, casi que retomando totalmente la visión de la demandante”.
Para el Gobierno Petro “se advierten varios juicios a priori” de la decisión que crearían una concepción distorsiva de la justicia y en los que se evidenciaría un sesgo una visión que “privilegia el mercado y la competencia” frente a la organización del sistema de salud.
Ese medio de impugnación refutó que la decisión de la alta corporación sobredimensionó el principio de “libre escogencia”, existiría una percepción errónea de las EPS se desvincularían del sistema sí garantizan el acceso a los servicios de sus afiliados y las afirmaciones serían “totalmente especulativas”.
El Ministerio de Salud explicó en ese documento que “no es posible advertir que la actuación administrativa bajo estudio resulte equilibrada en una ponderación entre los beneficios que pretende alcanzar para el interés general (evitar fragmentación de la afiliación, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, asegurar continuidad y eficiencia del servicio) y los perjuicios que se ocasionarían por las limitaciones y restricciones del acceso al servicio de salud”.
La decisión del Consejo de Estado volvió a sacar a flote la pésima situación financiera de la Nueva EPS y el deterioro sostenido que ha tenido desde su intervención, por eso hizo referencia a los derechos de escogencia de los afiliados sobre el prestador de salud y los altos riesgos que representaría el decreto suspendido que prendía de un plumazo hacer los traslados de pacientes sin estudios previos.
Pero para el Gobierno Petro esta decisión dejaría en evidencia una “serie de prejuicios” ideológicos que cuestiona ese tipo de medidas administrativas como una contraria para la garantía del derecho a la salud.
“La opción política que defiende la funcionaria judicial es propia de las corrientes neoliberales y privativistas de la salud, que precisamente van en contra del Estado social de derecho y de las propias normas de la ley estatutaria que afirman acatar. Las mismas son citadas de manera descontextualizada", dijo el minSalud.
La magistrada Nubia Margoth Peña, integrante de la Sección Primera, ahora deberá analizar el recurso radicado por el Gobierno para definir qué va a suceder con la medida cautelar o si mantiene la suspensión que frenó el traslado de millones de pacientes a la Nueva EPS.