Minutos después de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el nombramiento del rector de la Universidad del Cesar —quien recibió el respaldo de Juliana Guerrero—, los magistrados de ese alto tribunal decidieron tomar la misma decisión con el decreto del Gobierno Petro que aumentó las tarifas de retención y autorretención en la fuente del impuesto de renta.
Esta decisión fue tomada por los togados de la Sección Cuarta después de que la Fundación para el Estado de Derecho radicó un proceso de nulidad contra ese acto administrativo que modificó dicho impuesto y redujo los montos mínimos con los que se practicaban esas retenciones, lo que amplió el número de contribuyentes.
La Fundación no fue la única demandante en contra de esa resolución sino que fueron por lo menos 27 recursos que presentaron ciudadanos, organizaciones, congresistas y gremios, entre ellos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para intentar frenar las pretensiones del Gobierno en materia tributaria.
Ese decreto entró en funcionamiento el pasado 1 de junio de 2025 y a los pocos días ya se estaban registrando incrementos significativos en las tarifas de retención y autorretención de la fuente para diferentes sectores económicos, de hecho, en algunos casos habrían llegado a aumentos de hasta el 300%.
La Fundación para el Estado de Derecho explicó por qué demandó el decreto 572: “El Gobierno excedió su potestad reglamentaria y expidió una medida sin la debida justificación técnica y económica”. Uno de los principales argumentos es que el Ministerio de Hacienda no había publicado estudios detallados de las supuestas “brechas” que existirían entre las retenciones practicadas y el impuesto pagado.
Pero la expedición del decreto habría provocado que miles de empresas, trabajadores independientes, productores rurales y pequeños negocios empezar a entregar al Estado sumas superiores a las que finalmente debían pagar como impuesto de renta, explicó la Fundación.
El Consejo de Estado le dio la razón a la demanda al concluir que el Gobierno no demostró de manera clara y específica esos suuestos obstáculos de recaudo que justificaban el aumento de las tarifas, ni habría explicado técnicamente por qué los nuevos porcentajes representaban un recaudo razonable del impuesto.
La decisión también ordena que se vuelva a aplicar las tarifas y condiciones anteriores mientras se resuelve de fondo la legalidad de este nuevo decreto que se le cae al Gobierno Petro cuando pasa por revisión de la justicia.