Para el próximo lunes, 14 de septiembre, la Fiscalía General citó a Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud, a una audiencia de conciliación.
Esto en medio de la indagación que se le adelanta por el delito de revelación de secreto en medio del caso de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero de 2026 esperando un tratamiento médico para la hemofilia.
En la citación firmada, se señala que esta se hace con el “propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos” y teniendo en cuenta que el delito investigado entra en la categoría de “conciliación”.
La diligencia que se adelantará ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia se realizará de manera virtual.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía General le pidió el pasado 6 de agosto a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al expresidente Gustavo Petro.
“Solicita a la Comisión de Acusación de la honorable Cámara de Representantes se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la República GUSTAVO FRANCISC0 PETRO URREGO en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS (sic)”, señala la compulsa de copias.
Los apoderados de la familia del menor señalaron que el entonces jefe de Estado, en medio de un consejo de ministros y en su cuenta de X, divulgó la historia clínica del menor de edad.
La denuncia en poder de la Fiscalía advertía que, de manera irregular y violando todos los derechos del menor de edad y su familia, el presidente Petro divulgó la historia clínica a través de los canales institucionales del sistema de medios públicos sin la autorización de las víctimas.
La revelación de la historia clínica que hizo Petro no fue lo único que se convirtió en polémica en este caso. El Gobierno incluso acudió a una acción de tutela para obtener la necropsia que Medicina Legal practicó al niño, una solicitud que generó indignación nacional.
“Ordenar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, remita al Ministerio de Salud y Protección Social la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Arley Acosta Pico”, solicitó el Ministerio en una acción de tutela que radicó contra Medicina Legal.
Un juez negó las pretensiones del gobierno, a través del Ministerio de Salud, de acceder a esa necropsia tras advertir que se trata de un elemento de prueba que sirve en la investigación adelantada por la Fiscalía y que, además, tiene un carácter reservado; ni siquiera el presidente puede acceder a ella.
La imputación pendiente
En los próximos días, la Fiscalía General le imputará cargos al exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como al exauditor Nelson Ramírez Plaza. Deberán responder por el delito de homicidio culposo.
A ellos se suman Diana Macela Caballero Arias y Jessika Pala Triana Sahastuy, exfuncionarias de la Nueva EPS.
El caso, según confirmaron fuentes cercanas a SEMANA, tiene relación directa con la alteración de la historia clínica del menor de edad.