La muerte del pequeño Kevin Acosta, el niño que padecía de hemofilia y que se convirtió en un ejemplo de la grave crisis de salud durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ahora incluyó un lío judicial para el mandatario saliente.
Una compulsa de copias de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes advierte la presunta responsabilidad del presidente Gustavo Petro en la muerte del menor, dada su “posición de garante”, al ordenar la intervención de la Nueva EPS.
“Solicita a la comisión de acusación de la honorable Cámara de Representantes, se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la Republica GUSTAVO FRANCISC0 PETRO URREGO en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS” (sic), señala la compulsa de copias.
La Fiscalía confirmó que —como parte de la denuncia que la representación de víctimas radicó en cabeza del exministro Wilson Ruiz y tras la revelación de la historia clínica del pequeño— compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se adelanten las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro.
La denuncia en poder de la Fiscalía advertía que, de manera irregular y violando todos los derechos del menor de edad y su familia, el presidente Petro divulgó la historia clínica a través de los canales institucionales del sistema de medios públicos, sin la autorización de las víctimas.
La revelación de la historia clínica que hizo el presidente de la República no fue lo único que se convirtió en polémica en este caso. El Gobierno incluso acudió a una acción de tutela para obtener la necropsia que Medicina Legal practicó al niño, una solicitud que generó indignación nacional.
“Ordenar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, remita al Ministerio de Salud y Protección Social la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Arley Acosta Pico”, solicitó el Ministerio en una acción de tutela que radicó en contra de Medicina Legal.
Un juez negó las pretensiones del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, de acceder a esa necropsia tras advertir que se trata de elementos de prueba que sirven en la investigación que adelanta la Fiscalía, pero que además tienen carácter de reservado y ni siquiera el presidente puede acceder a ellos.
“De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se advierte que el derecho de petición fue contestado dentro del término legal y que la respuesta emitida se ocupó de lo solicitado, en cuanto expuso las razones por las cuales la entidad estimó improcedente la entrega directa de la documentación requerida”, señala el fallo del juzgado.
Ahora, esa solicitud y la revelación que hizo el presidente Gustavo Petro se convierten en esta compulsa de copias para que la Comisión de Acusaciones inicie una investigación contra el primer mandatario, por lo que él consideró un derecho, pero que resultó siendo una grave infracción a la ley.