No le sirvió de nada a la defensa de Nicolás Petro interponer recusaciones, impedimentos y hasta tutelas para frenar la imputación de cargos en contra del hijo del presidente de la República. La Fiscalía presentó todos los elementos de prueba en contra del exdiputado y, ahora, por hechos de corrupción en la Gobernación del Atlántico.
El ente acusador advirtió que hubo un “acuerdo corrupto” entre Nicolás Petro y los demás involucrados en este escándalo de corrupción. Se trata de los millonarios contratos que salieron de la Gobernación del Atlántico y que se tramitaron a través de la Fundación Conciencia Social y quien era su representante legal, Gustavo de la Ossa.
En el entramado criminal, de acuerdo con la Fiscalía, participó un funcionario de la Gobernación del Atlántico, el secretario general, Raúl Lacouture, quien se encargó de agilizar la firma de los contratos y el desembolso que supuestamente llegaba a la Fundación Conciencia Social, pero que terminaba en gastos e intereses personales, según el ente acusador, del hijo del presidente.
“A usted, señor Nicolás Fernando Petro, se le hace la imputación de cargos, puesto que los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es, el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyos y de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, expuso la Fiscalía.
Insistió el ente que el hijo del presidente de la República terminó orquestando un entramado criminal a partir de hechos de corrupción, derivados del peculado por apropiación e interés indebido de una celebración de contratos. Un “acuerdo corrupto” en el que participaron él, Day Vázquez, los funcionarios de la Gobernación y el representante legal de la Fundación Conciencia Social.
“Este acuerdo corrupto existente entre ustedes consistía en obtener una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación Conciencia Social con el propósito de apropiarse directamente de recursos del ente departamental, por tanto, una gran parte de estos no eran usados para el objeto que fueron creados, sino para repartir ilícitamente entre ustedes; de esta forma, aprovechando la naturaleza jurídica de la Fundación Conciencia Social”, señaló la fiscal.
La Fiscalía advirtió que Nicolás Petro fue el encargado de dar instrucciones sobre el personal que se tenía que contratar en la Fundación para trabajar en esos acuerdos o negociaciones que salían de la Gobernación del Atlántico, es decir, los contratos para la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad.
“Usted, señor Nicolás Fernando, indicaba a la Fundación el personal que debía contratar para la ejecución de esos contratos; fue así cómo [hizo llegar] hojas de vida para que fueran tenidas en cuenta como personal que trabajaría o se encontraría en esa Fundación Conciencia Social. Así se configura que usted sí tenía conocimiento y dominio de todo el actuar criminal”, dijo la Fiscalía.