Para este jueves 18 de septiembre quedó programada la lectura de la primera sentencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de militares por los denominados falsos positivos.
La decisión cobijará a doce exintegrantes del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, quienes ya aceptaron su participación en la ejecución extrajudicial de civiles para presentarlos como subversivos abatidos en combate.
En la decisión, que será emitida por la Sala de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, se fijarán las sanciones en contra de Guillermo Gutiérrez Riveros, Carlos Andrés Lora Cabrales, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel , Alex José Mercado Sierra y Heber Hernán Gómez Naranjo.
Los exintegrantes del Batallón La Popa, que era comandado por el coronel Publio Hernán Mejía, reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad por 77 ejecuciones extrajudiciales registradas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
En varias sesiones, que se extendieron por tres años, los militares aceptaron haber retenido, asesinado y presentado como bajas en combate a civiles ajenos a la confrontación armada en esa zona del país.
El 18 de julio, en una extensa audiencia que se adelantó en Valledupar, los doce militares que hicieron parte del Batallón aceptaron los hechos imputados, entre estos homicidios en persona protegida y desaparición forzada.
Por estos mismos hechos, el pasado 5 de agosto, el fiscal quinto de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Samuel Serrano Galvis pidió fallo condenatorio en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez.
“Esta Fiscalía logró probar, más allá de toda duda razonable, que el teniente coronel Mejía Gutiérrez ideó, creó y dirigió un ilegal aparato organizado de poder a través del cual cometió homicidios desapariciones y torturas, en algunos casos, en alianza macabra con grupos paramilitares el Frente Mártires del Cesar y, en otros, por iniciativa propia de sus integrantes que encontraron un tren andando y se subieron a él”, manifestó el fiscal ante la JEP.
“Engañó para consolidar su imagen como el mejor oficial del Ejército Nacional”, alegó el fiscal al enunciar la forma en cómo se conformó un aparato ilegal organizado de poder que solamente buscaba la presentación de bajas en combate.
“En este juicio, se probó que (el coronel) Mejía Gutiérrez tenía la capacidad de actuar a través de la estructura ilegal (…) Mientras fue comandante del Batallón tuvo la posibilidad de emitir las órdenes y estas fueron cumplidas por sus subalternos sin reparo alguno, incluso, en los casos en que no fueron dirigidas a un destinatario en concreto”.
El oficial en retiro se enfrenta a una condena de 20 años de prisión de ser hallado culpable por estos cargos.
En diferentes intervenciones, el coronel Mejía ha manifestado que jamás se ordenó retener a civiles para presentarlos como bajas en combate.