Doce exintegrantes del Batallón de Artillería n.° 2 La Popa, con sede en Valledupar, fueron sentenciados este jueves 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en 135 ejecuciones extrajudiciales registradas entre enero de 2002 y noviembre de 2003 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
En la decisión emitida por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, se puso de presente que en julio de 2022 los militares reconocieron su plena participación y responsabilidad en 32 hechos imputados.
El fallo advirtió que los integrantes de la Brigada se aliaron con grupos paramilitares que delinquían en la región, con el fin de retener de manera arbitraria a civiles ajenos a la confrontación armada para ser presentados como guerrilleros o integrantes de organizaciones criminales abatidas en combate.
En la lectura de la decisión, la magistrada Ana Manuela Ochoa advirtió que se presentaron dos factores de macrocriminalidad en este caso, señalando que se falsearon informes operacionales para presentar resultados operacionales.
“Ambos patrones muestran que los crímenes juzgados no fueron excesos individuales, sino que hicieron parte de un plan sistemático con lógica institucional de presentar falsas bajas en combate para engrosar la estadística de éxito militar y responder a las presiones de altos mandos que exigían mayores resultados a partir de las bajas”, enfatiza la decisión.
En este sentido, se señaló que desde la comandancia del Batallón se daban instrucciones constantes y directas para aumentar la presentación de resultados operacionales, es decir, bajas en combate en la lucha contra las organizaciones subversivas.
“Las víctimas de estos crímenes eran campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad, las cuales fueron perfiladas, engañadas, detenidas, torturadas y ejecutadas por quienes tenían el deber de protegerlas”, añade la decisión dada a conocer en la mañana de este jueves.
Las sanciones quedaron estipuladas entre cinco y ocho años: “Los 12 sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos que fueron construidos con la participación de las víctimas, las cuales buscan beneficiar a las víctimas acreditadas de forma individual y a las víctimas de pueblos indígenas y afrocolombianos”.
“De las 135 víctimas, seis fueron reconocidas como afrodescendientes y 14 como indígenas. Entre ellas, diez pertenecían al pueblo Kankuamo y cuatro al pueblo Wiwa. Una de las mujeres asesinadas era menor de edad del pueblo Wiwa y otra era madre cabeza de familia”, manifestó la magistrada ponente.
Tras las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, se presentó el desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas, que temían represalias o persecución de las fuerzas militares y grupos paramilitares.
“La sección también encontró suficientemente probado que estos crímenes no solo afectaron a individuos y familias, sino a pueblos indígenas enteros, sometidos a la estigmatización, persecución y control territorial, particularmente los pueblos Kankuamo y Wiwa, que fueron señalados de ser colaboradores de la guerrilla, sometidos a confinamiento, a restricciones de alimentos y medicinas, y a ejercer actividades forzadas”, añade la decisión.
En muchos casos, según indican las pruebas, las víctimas fueron obligadas a vestir uniformes militares, despojadas de su identidad civil, a veces retenidas durante horas o días mientras eran sometidas a actos de tortura para ser ejecutadas y presentadas en reportes oficiales como integrantes de la guerrilla de las Farc o bandas delincuenciales.
“Se destruían sus documentos para obstaculizar su identificación y se implantaban armas para simular que habrían combatido contra la Fuerza Pública […]. Estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, llevado a cabo con carácter generalizado y sistemático, en un contexto de persecución a personas y pueblos con condiciones y características, y bajo una estrategia institucional de encubrimiento”, señal el fallo.
Para cumplir su compromiso, la Sección anunció medidas para que los militares adelanten la reparación de las víctimas reconocidas y sigan entregando información para aclarar los hechos que rodearon las ejecuciones extrajudiciales.