SEMANA conoció en primicia que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de secuestro y embargo que recae en la actualidad sobre un millonario apartamento que tiene el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el exclusivo sector de El Retiro, en Chapinero Alto (norte de Bogotá).

La historia empezó en octubre de 2021 cuando la Fiscalía decretó medidas cautelares al inmueble que esta identificado con matricula inmobiliaria y sobre 43 millones de pesos que tenía invertidos en un leasing financiero en una entidad bancaria.

Un año más tarde, el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró la ilegal el embargo sobre el lujoso apartamento y el secuestro de los derechos patrimoniales relacionados con el leasing habitacional. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía.

En enero de 2026 el caso se volvió a reactivar luego de que el Tribunal de Bogotá reconoció las medidas cautelares de embargo sobre dicha propiedad en Bogotá, y aunque avaló el poder dispositivo del leasing bancario, ese sistema de financiación no quedó con ninguna medida cautelar.

Esa última decisión fue la que el ministro del Interior, Armando Benedetti, impugnó con el argumento de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada y a los derechos adquiridos de conformidad con las leyes.

Benedetti recriminó esa decisión explicando que se afectaban sus derechos patrimoniales, expuso que no acreditaron el supuesto incremento injustificado de su patrimonio y alegó una vulneración directa a la Constitución por no analizar que ese apartamento era un domicilio familiar en el que hay menores de edad.

Ese recurso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que terminó respaldando la decisión del Tribunal de Bogotá, argumentando que esas medidas no tuvieron un control automático y “preservan los fines del proceso extintivo”.

Ahora la Sala de Casación Civil ratificó la decisión de sus colegas argumentando que las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal de Bogotá, no fueron “arbitrarias” o “caprichosas”, sino que tenían suficiente motivación para aplicar la norma.

La Corte Suprema explicó que todas estas decisiones están relacionadas con las investigaciones que la Sala de Instrucción adelanta contra Benedetti por delitos contra la administración pública, como los contratos del Fonade, el supuesto favorecimiento a la empresa Simetric y presuntos actos de corrupción en entidades como la Fiduprevisora, el SENA, Electricaribe, el Ministerio de Agricultura y la Electrificadora del Meta.

Con esta decisión, la alta corporación dejó en firme las medidas cautelares de embargo y secuestro que recaen actualmente contra el lujoso apartamento en Bogotá y el leasing habitacional que tiene el ministro del Interior, Armando Benedetti, mientras avanzan las investigaciones en su contra.