La Fiscalía sigue desempolvando procesos relacionados con la financiación ilegal de grupos criminales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al escarbar, encontró algunos bienes que fueron utilizados como centro financiero y logístico de cabecillas de estas organizaciones.
Este es el caso del famoso Parqueadero Padilla, un conjunto de 18 inmuebles que estarían avaluados en más de 18.000 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía, y que en su momento fue utilizado por los grupos paramilitares para concretar las actividades criminales que se desarrollaron en el departamento de Antioquia.
“El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes y fueron puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, señaló la Fiscalía.
De acuerdo con los fiscales de la dirección de Extinción de Dominio, en ese inmueble se adelantó un allanamiento por parte de los investigadores y allí se encontraron documentos, registros contables y hasta máquinas para la fabricación de uniformes destinados a los grupos paramilitares, lo que sugirió que el sitio habría sido utilizado como centro logístico.
“Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)”, advirtió el ente acusador.
La Fiscalía solicitó a un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los 18 inmuebles que conforman el denominado Parqueadero Padilla.
“Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil”, señaló la Fiscalía.