Han pasado 29 días desde que la jueza 26 de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a cinco personas señaladas por la Fiscalía General de la Nación de haber participado en un “entrampamiento” para atacar a mansalva a Juan Felipe Rincón Morales, hijo del actual director de la Policía Nacional, general William Rincón.
En esta decisión, se ordenó la captura inmediata de los cinco procesados. Sin embargo, solamente tres atendieron el llamado y se presentaron ante las autoridades judiciales.
De Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López nada se sabe. SEMANA estableció con varias fuentes que ha sido imposible encontrarlos y contactarlos en sus respectivos domicilios en el barrio Quiroga, sur de Bogotá.
El asunto, en medio de la tragedia, resulta ilógico. Los dos criminales que entramparon al joven lo hicieron pasar por un acosador de menores de edad y participaron de forma directa en su asesinato cuando todo se salió de control; no han sido encontrados, pese a que el mismo director de la Policía, el general Rincón, es reconocido como víctima en el proceso penal y es el padre del asesinado.
Por esto, no se descarta que se solicite en los próximos días una petición para ubicar a estos dos procesados. Tampoco se descarta que hubieran salido del país, lo que obligaría a pedir la colaboración de la Interpol y la respectiva expedición de la circular azul (ubicación) y roja (captura).
La medida de aseguramiento contra Sotelo y Vega López está vigente, pero, de no materializarse, tendría que darse este trámite para buscarlos, incluso fuera del país.
Desde la Policía Nacional manifestaron que el general William Rincón no iba a referirse a esta situación, señalando que se acogerá a las decisiones que tome la justicia.
“Golpiza brutal”
Durante las seis horas que duró la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Andrés Marín, recordado por liderar la investigación contra la red de Papá Pitufo, señaló que existió un plan orquestado minuciosamente por Andrés Camilo Sotelo con el fin de convencer a Juan Felipe Rincón de trasladarse hasta el barrio Quiroga el 24 de noviembre.
Mediante llamadas, mensajes en redes sociales y utilizando “señuelos”, la familia Sotelo y varios de sus vecinos lograron que el joven de 21 años se desplazara hasta el lugar para supuestamente desayunar y conocer a los padres de la joven, con la que había entablado una conversación por Instagram.
Una vez en el lugar, se puso en marcha el plan. En fracción de segundos, el joven fue atacado por varias personas que lo esperaban en las inmediaciones de uno de los parques del barrio.
“Se ejerce una violencia física y psíquica (...) Andrés Camilo Sotelo utiliza un arma de fuego y se la pone en la cabeza a la víctima, obviamente para ejercer también ese sufrimiento psíquico. Pero, adicional a ello, con esa arma comienza a golpearlo. De igual forma, aparece en escena una especie de varilla”, relató el fiscal mientras mostraba un video captado por la única cámara de seguridad del sector.
“Se dividen las funciones o los roles de las personas involucradas en este caso, para mantener en un estado de inferioridad o indefensión a la víctima, alejando a la persona que se había presentado como autoridad de la Policía Nacional y que, pese a eso, no fue disuasivo para que estas personas continuaran con la ejecución de su plan”, añadió.
Esto en referencia al escolta que había pedido, a los gritos, que frenaran la brutal agresión contra Juan Felipe. Debido a estos oídos sordos, se vio en la obligación de sacar su arma, porque a su protegido lo estaban golpeando con todo tipo de elementos para causarle el mayor daño posible.
Varios testigos aseguraron que Tatiana Vega –hoy prófuga de la justicia– fue una de las que más lo golpeó e incitó a los vecinos para que lesionaran a Juan Felipe con lo que se encontraran a la mano, señalándolo como un pederasta.
Hasta con un perro
Para demostrar la sevicia con la que actuaron los atacantes, la Fiscalía General presentó dos testimonios que confirmaron que la presencia de “un perro de una raza potencialmente peligrosa” en el lugar no fue casualidad.
“Andrés Camilo Sotelo y Juan Sebastián Ávila empiezan a agredirlo de manera física con puños, patadas y hasta con el perro. Si se observa (en referencia a un fotograma extraído del video de la cámara de seguridad), lo tenía Tatiana Vega”, señaló el fiscal.
Tanto Sotelo como Vega –quienes habrían sido los encargados de planear la llegada de Juan Felipe– incitaban a la comunidad, que se asomaba por los balcones y las ventanas, para que participara en la golpiza.
Mientras intentaba zafarse por todos los medios, Andrés Sotelo –como indicó otro testigo– apareció con lo que parece un revólver plateado en la mano, el cual utilizó para amedrentar y amenazar tanto al joven Rincón como a su escolta.
Eliminación de datos
La coordinación del plan también se aplicó para crear una nueva narrativa sobre los hechos. Por esto, sustrajeron el teléfono de la víctima y lo llevaron al “mercado negro” para lograr desencriptarlo y borrar fotos, videos y conversaciones.
“En medio de la confusión, durante los hechos, Catherina Andrea Sotelo Torres (hermana de Andrés, ya capturada) se apoderó del teléfono celular de la víctima. Acto seguido, lo ocultó y posteriormente lo entregó a la menor (...), quien, siguiendo instrucciones, procedió a entregar el dispositivo a Juan Sebastián Ávila Ochoa para su ocultamiento definitivo cuando la víctima yacía muerta en la escena de los hechos”, relató el fiscal.
Con el fin de imposibilitar su rastreo, envolvieron el celular “en papel aluminio”, para trasladarlo al barrio Potosí, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
“Andrés Camilo Sotelo Torres y los partícipes del plan modificaron su estrategia inicial de ocultar de manera definitiva el celular de la víctima; decidieron devolver el teléfono celular a las autoridades, pero lo hicieron de manera tardía, al día siguiente de los hechos. La entrega del dispositivo se realizó a través de Carlos Fernando Galeano Medina, propietario del inmueble donde inicialmente se planeó llevar a la víctima”. Para completar la narrativa, Tatiana Vega se comunicó con la menor y le ofreció dinero a cambio de que rindiera una declaración ante la Fiscalía en favor del ahora prófugo Andrés Camilo Sotelo Torres.
“La instrucción fue clara: debía declarar ocultando parcialmente la verdad”, ocultando por completo “la existencia del plan preconcebido para torturarlo dentro del inmueble (...) y que funcionaba como una olla de venta y consumo estupefaciente liderada por Andrés Camilo Sotelo Torres”.
La lucha del director de la Policía, general William Rincón, ha sido silenciosa pero efectiva. Su hijo, en principio, fue presentado como un pederasta que pretendió abusar de una menor de edad; él mismo se puso al frente del caso y demostró que se trató de un entrampamiento en el que fue asesinado y limpió su nombre. Ahora, la misión es otra: dar con los responsables que, al verse acorralados en los tribunales, se dieron a la fuga.