Luego de que se difundiera en diversos medios de comunicación que la familia de Rosa Elvira Cely había denunciado que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se había quedado con el 90 % de la indemnización por el caso, la oficina de abogados, propiedad del candidato, desmintió tales afirmaciones y aseguró que la representación se realizó de manera pro bono, es decir, sin cobrar honorarios. El presidente Gustavo Petro replicó información falsa.
Pese a que los rumores ya habían sido disipados por la propia familia de la víctima, Petro uso sus redes sociales para atacar al candidato presidencial, valiéndose de una publicación que carecía de veracidad.
“No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”, publicó el primer mandatario.
A través de un comunicado oficial firmado por Carlos Sánchez Cortés, socio director general de la firma, el bufete aseguró que nunca recibió dinero por asumir el proceso penal contra Javier Velasco Valenzuela.
Según el documento, la representación jurídica se realizó bajo la modalidad “pro bono”, es decir, de manera voluntaria y gratuita, como parte del programa de responsabilidad social de la firma. En ese sentido, recalcaron que ni el abogado Abelardo De La Espriella ni la organización cobraron honorarios o porcentajes derivados del caso.
La aclaración se produce después de declaraciones entregadas por Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely, durante una entrevista emitida el 25 de mayo en Noticias Uno.
De acuerdo con el comunicado, en ningún momento ella afirmó que el abogado se hubiera apropiado de parte de la indemnización derivada de la condena administrativa impuesta al Estado en 2023.
El bufete también se refirió a versiones relacionadas con Adriana Cely, hermana de la víctima. En el pronunciamiento aseguran que ella tampoco ha señalado a De La Espriella de haberse quedado con un supuesto 90 % de una eventual reparación económica.
Además, la firma sostuvo que la representación penal concluyó en diciembre de 2012, mucho antes de que existiera cualquier decisión administrativa sobre reparaciones económicas contra el Estado colombiano.