El 31 de diciembre de 2024, en la sede del Ministerio de Defensa, en el occidente de Bogotá, se firmó el contrato que tenía como finalidad realizar labores de mantenimiento de los helicópteros MI-17 que el Ejército Nacional utilizaba para misiones de rescate y de combate.
El contrato, según reveló en exclusiva SEMANA, tenía un valor de 32 millones de dólares, es decir, casi 134 mil millones de pesos. Como se evidenció en una serie de reportajes, el convenio habría sido entregado a una empresa estadounidense que no contaba con la experticia y capacidad exigida.
En septiembre de 2025, cuando se adelantaba una investigación preliminar por estos hechos, el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, le dijo a SEMANA que él no había firmado el mencionado, y muy polémico, contrato.
“Ese contrato tuvo muchas dificultades y eso nos fue corriendo los tiempos al Ministerio (de Defensa) para poder hacer el contrato”, indicó en ese momento el exviceministro, recordando que todo ese proceso de licitación contó con el visto bueno del Ejército Nacional y sus asesores.
En la mencionada entrevista, Suárez Soto fue categórico en señalar que él no había firmado el mencionado contrato. “Finalmente, yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no lo firmé. Todas las decisiones del momento, la oportunidad y todo el periodo del contrato se hicieron con la dirección jurídica y con la secretaría general del Ministerio de Defensa”.
Sin embargo, esta afirmación cambió considerablemente ad portas de la imputación de cargos en su contra.
Su defensa insistió en que para el momento de la firma del contrato Suárez Soto tenía funciones de ministro encargado. Debido a esto, frente a los hechos materia de investigación cuenta con un fuero constitucional por lo que la imputación de cargos no se puede realizar ante un juez de control de garantías. “La norma es clara, no admite contradicción”.
“En este proceso, honorable juez, la Fiscalía que aquí nos acompaña, el doctor Arias, se encuentra investigando dentro de este proceso un contrato que se firmó el 31 de diciembre del 2024 y ese día, ¿quién era el ministro en encargo? Luis Edmundo Suárez Soto era el ministro en encargo ese día, señora juez. Entonces. no, qué es que él no era. Entonces, ¿él era ministro a medias? Si volvemos a las teorías que venimos aplicando, entonces él era ministro a medias”, manifestó el defensor.
Citando un decreto de la Presidencia de la República, el abogado enfatizó que Suárez Soto era ministro encargado desde el 30 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025.
“Pregunto yo, ¿cuál es el acto más importante y principalísimo de un contrato? ¡La firma! ¿Quién era el ministro para el momento de la firma? Luis Edmundo Suárez Soto”, señaló.
El exviceministro no asistió a la audiencia convocada el pasado 21 de abril argumentando que tiene problemas de salud.
La Fiscalía General lo citó a imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
El fiscal de la unidad anticorrupción le solicitará a un juez de control de garantías cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario.