La Fiscalía General le solicitó este martes, 21 de abril, a la jueza 63 de control de garantías de Bogotá, que declare en “contumacia” o en “rebeldía judicial” al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto.
Esto, en el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, caso que reveló en exclusiva SEMANA.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción señaló que desde el comienzo de la investigación Suárez Soto no ha atendido a las citaciones de la justicia, indicando que cuenta con un fuero constitucional que lo lleva a atender, únicamente, los requerimientos de su juez natural.
La Fiscalía pide declarar en "rebeldía" al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, investigado por el caso de corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nSwQiLGeuC
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2026
Igualmente, cuando se le notificó de la imputación de cargos en diciembre pasado, presentó una serie de excusas médicas que llevaron a que la diligencia judicial se reprogramara en dos oportunidades.
Pese a que fue notificado con tiempo por medio de su defensa, el exviceministro allegó otra excusa médica con vigencia hasta el próximo 24 de abril y no compareció ante el despacho judicial de forma virtual o presencial.
En este caso fueron citados, además, el exdirector de Logística del Ministerio, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y a los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
La investigación se centra en los hechos que se habrían presentado entre septiembre y diciembre de 2024, cuando se registró una presión constante para que se direccionara el contrato que, en ese momento, tenía un valor cercano a los 32 millones de dólares, unos 134.000 millones de pesos.
Una empresa sin experticia habría sido la beneficiaria del millonario convenio. Los registros indican que no contaba con una base sólida frente al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos que utiliza el Ejército Nacional para misiones especiales de rescate y acciones contra grupos armados ilegales.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Anticorrupción le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
Debido a la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, la Fiscalía General solicitará una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de los cuatro procesados.
Sin embargo, el fiscal anunció que en esta parte de la audiencia se presentarán datos jurídicamente relevantes que pueden ser reseñados como de “seguridad nacional”, hecho por el cual se pedirá que se adelante de forma reservada.