La paciencia de una comunidad campesina parece estar llegando al límite. Cerca de 2.000 familias de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices, aseguran estar esperando desde hace casi cuatro años la terminación de un puente que consideran fundamental para movilizarse y sacar los productos que cultivan en la región.
Pedro Hernández, presidente de la Junta del Caracol, manifestó su indignación por el estado actual de la obra y cuestionó que los trabajos permanezcan suspendidos mientras los habitantes continúan esperando una solución.
“Nosotros estamos indignados porque mire esta obra que nos dejaron a medias para 2.000 familias que estamos esperando que nos colaboren con la construcción de este puente”, señaló Hernández en un video en el que mostró las condiciones en las que permanece la infraestructura.
Según el líder comunitario, durante este tiempo los habitantes han recibido diferentes fechas como posibles plazos para la entrega del puente. Una de las promesas, aseguró, apuntaba a que los trabajos terminarían en agosto. Sin embargo, ese periodo pasó sin que la obra fuera culminada.
Posteriormente, de acuerdo con su relato, se les habría indicado que la entrega sería en noviembre. La comunidad, sin embargo, cuestiona que se pueda cumplir ese nuevo plazo debido a que presuntamente, actualmente no observa trabajadores adelantando labores en el lugar.
“Decían que en noviembre y mire cómo nos van a entregar en noviembre si no hay ningún trabajador ahí”, manifestó el presidente de la Junta del Caracol.
Para los habitantes, el problema no se limita a la espera por una infraestructura inconclusa. Hernández explicó que se trata de una comunidad principalmente campesina que depende de las vías de comunicación para poder trasladar los productos que produce y comercializarlos.
“Somos campesinos aquí solo trabajando para esperar, para poder sacar los productos. Y mire cómo andamos en esta situación”, expresó.
El dirigente también pidió que las autoridades departamentales se pronuncien sobre las razones por las que los trabajos permanecen detenidos. En particular, solicitó la presencia del gobernador y de la Secretaría de Infraestructura para que expliquen qué ocurrió con el proyecto y cuáles son las medidas previstas para retomarlo.
A las inquietudes de la comunidad se suma el papel de los organismos de control. Hernández aseguró que la Contraloría habría visitado la zona y les habría informado que en agosto comenzarían sanciones contra el contratista. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no han recibido información sobre el avance de ese proceso.
“Esperamos que ojalá el señor gobernador, la secretaria de Infraestructura, los entes de control, la Contraloría, que vino y nos dijo que en agosto empezaban sanciones para el contratista, y mire, ya pasamos y nada que se pronuncian”, afirmó.
Mientras esperan respuestas, los habitantes continúan viendo una estructura que, según su denuncia, permanece sin los avances esperados. La comunidad pide que las autoridades aclaren qué ocurrió con el proyecto, establezcan responsabilidades si corresponde y definan una fecha realista para la reanudación y terminación de los trabajos.