En las últimas horas, el Consejo de Estado admitió para estudio la demanda de pérdida de investidura en contra del senador Ciro Ramírez, condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas 2.0.
El magistrado ponente indicó que la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual ya envió la respectiva notificación a las partes interesadas con el fin de que presenten, en los próximos días, sus respectivos conceptos.
En la demanda, conocida en su totalidad por SEMANA, se menciona que el dirigente político utilizó su cargo para direccionar millonarios contratos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo el mandato de Pierre Eugenio García Jacquier.
En este sentido se citó el fallo emitido el pasado 25 de marzo por la Corte Suprema de Justicia, que determinó que Ciro Ramírez incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio (recibimiento de sobornos) e interés indebido en la celebración de contratos.
“Resuelve imponer a Ciro Alejandro Ramírez penas principales de 279 meses, e inhabilitarlo para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 280 meses”, se lee en el fallo, que puede ser apelado ante la Sala de Casación Penal. Además, los tres magistrados de la Sala le impusieron una multa de 19.402 salarios mínimos mensuales, o más de 22.340 millones de pesos”, cita la acción judicial.
Para la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, el senador hizo parte de un “entramado criminal” que se dedicó al direccionamiento de actos contractuales para un grupo de contratistas con el fin de lograr un “beneficio electoral” en varios departamentos, entre estos, el Quindío y el Tolima.
Igualmente, aprovechó sus influencias para intentar desviar la investigación.
“Tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista”.
Por graves hechos de corrupción en el caso de Las Marionetas, la Fiscalía General reveló los nombres de tres senadores que habrían tenido participación y conocimiento en la exigencia de sobornos para la entrega de contratos en diferentes entidades.
Según el detallado y extenso relato de la fiscal del caso, los congresistas fijaron una alianza criminal con empresarios, dirigentes políticos y particulares para conseguir contratos y amañar su entrega directa sin ejecutar licitaciones públicas.
“Esos presuntos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían Ciro Alejandro Ramírez Cortés, cuyo enlace para la comisión de esas presuntas conductas ilícitas sería una funcionaria de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Katherine Rivera Bohórquez”, aclaró.
La Fiscalía General señaló que en el entramado de corrupción, liderado durante meses por el senador liberal Mario Alberto Castaño, participaron varios congresistas que se vieron beneficiados con millonarios convenios y contratos.
El proceso contra el exdirector del DPS
La Fiscalía General le imputó, a finales de 2023, al exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre Eugenio García Jacquier, los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
En la imputación, se señaló que, en su despacho del DPS en Bogotá, recibió a funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del llamado Proyecta Quindío, que luego fueron adjudicados de manera particular con la “orientación” que previamente se acordó con el entonces funcionario.
En dicha imputación, la fiscal de la Unidad Anticorrupción señaló que existía evidencia suficiente para inferir que García Jacquier tuvo interés directo en la celebración de millonarios contratos, haciendo parte de la red de corrupción que lideró durante muchos años el senador liberal Mario Alberto Castaño y en la cual habrían participado otros congresistas y dirigentes políticos del Quindío, Tolima y Cundinamarca.
“Esos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían, en primer lugar, Mario Alberto Castaño Pérez, cuyo enlace corresponde al ciudadano Juan Carlos Martínez (…). También resultaron beneficiados otros tres senadores: Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe”, aclaró la fiscal.
El proceso contra el exdirector del DPS se encuentra en etapa de juicio.